Santo Domingo RD, –En acciones conjuntas para fortalecer la seguridad y regular la migración en República Dominicana, la Dirección General de Migración (DGM), en coordinación con otras instituciones que velan por la seguridad del Estado, llevó a cabo ayer una serie de operativos de interdicción que produjeron la detención de 1,784 nacionales haitianos en situación migratoria irregular, mientras que otros 1,149 fueron deportados.
Más allá de las cifras, sin embargo, lo más importante es el compromiso evidente de las autoridades con el trato cuidadoso y el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas con las que interactúan.
Las operaciones fueron en el Gran Santo Domingo, donde se detuvieron a 116 extranjeros en el Gran Santo Domingo, 76 en Santiago, 42 en La Vega, 75 en Mao, 153 en la Zona Este, 13 en Azua, 27 en Barahona, 62 en Puerto Plata, 213 en Dajabón, 128 en Elías Piña, 113 en Jimaní, 63 en Pedernales y 54 en Montecristi. A esas cantidades se agregan 572 aprehendidos por el Ejército de República Dominicana, 59 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y 18 por la Policía Nacional, fuerzas que trabajan coordinadas con la DGM, igual que el Ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran, la Digesett, el ministerio Público y otros organismos responsables de la seguridad del Estado.
Respecto a los extranjeros deportados, 550 fueron devueltos a través de la puerta binacional de Dajabón, mientras que otros fueron retornados desde Elías Piña (375), por Jimaní (161) y por Pedernales (63). Procedían de los centros de retención controlados por la DGM donde de manera individual se les toman los datos biométricos, huellas dactilares y se les depura de acuerdo a los protocolos que estipulan las reglas nacionales e internacionales y respetando la integridad de las personas, especialmente de las más vulnerables, como son las mujeres, embarazadas, niños, niñas, adolescentes y envejecientes.
Estos operativos reflejan el compromiso del gobierno en gestionar la migración como dictan las leyes, en línea con las garantías individuales reconocidas internacionalmente y en coordinación entre diferentes instituciones oficiales y civiles, lo cual evidencia una política que busca no sólo fortalecer la seguridad, sino también proteger la dignidad y los derechos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria.
