Santo Domingo RD,>Esmeralda Ortega Polanco, gerente de la Sucursal del Banco del Reserva 550 ubicada en la avenida Venezuela figura como cómplice del entramado de corrupción desarticulado mediante la operación Coral 5G.
Según el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Público, los cabecillas de la organización eligieron la sucursal del Banco de Reservas y su gerente, para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano.
“Más del noventa por ciento (90%) de las operaciones financieras fueron realizadas en el Banco de Reservas, de forma específica en la sucursal 550, que se encuentra en la Estación de Combustible Texaco de la Av. Venezuela. Esto se realizaba en este lugar puesto que, en concurso con la gerente, la imputada Esmeralda Ortega Polanco (a) 550, se evitaban los controles del sistema financiero, evidenciándose en que, a pesar de haberse manejado cientos de millones de pesos por personas sin contar con el perfil financiero para esto, nunca fueron hechos reportes de transacciones sospechosas y escasos reports de transacciones en efectivo”, indica el expediente.
Asimismo, señalan que Esmeralda “era una especie de asistente financiera del coronel Rafael Núñez de Aza”, quien guarda prisión preventiva en la cárcel de Najayo y procesado bajo la operación Coral.
“Incluso daba instrucciones en su nombre, hacia transferencia a nombre de terceros que realmente no firmaban los depósitos lo que constituye un robo de identidad, por igual la imputada preparaba préstamos a nombre de tercero a pesar de que sabía que eran para el coronel Rafael Núnez de Aza”.
El Ministerio Público depositó la noche de ayer viernes ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional cinco contenedores con los expedientes acusatorios contra 13 imputados en la Operación Coral 5G, para los cuales solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y la declaración del caso complejo.
A los imputados se les acusa de asociación de malhechores, robo coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, violación a la ley de declaración jurada, lavado de activos, entre otros delitos de actos de corrupción.
