Santo Domingo RD,>A siete meses del arresto del exprocurador de la República, Jean Alain por su supuesta vinculación en el caso Medusa y quien se encuentra recluido en la cárcel La Victoria, este martes sometió un recurso de amparo donde defiende la transparencia de las licitaciones para la construcción de La Nueva Victoria.
En el documento de amparo, explica que La Nueva Victoria estaba lista para recibir 3,000 internos y equipada en su primera fase con más de 200 agentes y una directora encargada, el penal dotado con sistema de agua, energía y generadores eléctricos, decenas de vehículos, motocicletas, autobuses, camas y colchones, sistema de comunicación y seguridad.
También, indica que había miles de cámaras y computadoras, ropa de cama, cocinas y sus enseres, estación de bomberos equipada, 12 caniles de ataque y detección de drogas, biblioteca con más de 30 mil libros, más de 20 canchas de basquetbol, cuatro estadios de pelota, gimnasios equipados, ocho iglesias completamente amuebladas, tribunales y centros de atención de la salud con sus equipos, uniformes, vestimenta para privados de libertad entre otras ventajas.
Acusa a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Procuraduría General de la República de culparlo de vicios de construcción sin ser el constructor, a pesar de que en el contrato había una clausula que eximía su gestión del proceso.
“Se entregó todo absolutamente nuevo con la responsabilidad de los contratistas de finalizar la segunda fase en menos de 30 días, para una capacidad total de más de 8,700 internos con un precio ya cerrado, dejando la pasada gestión más de 300 millones en cuentas para saldar los compromisos pendientes con esos contratistas”, aseguran en el documento.
Asimismo, alegan que es injusto que un exprocurador de la talla de Jean Alain esté privado de libertad y peor aún, “que estén ahora realizando una auditoría comprueba la intención de las autoridades, sin este ser ingeniero y sin a la fecha tener un informe que identifique irregularidades”.
Sustentan que el expediente es contradictorio y sin fundamento y que da pena que a pesar de que la Pepca reconoce las condiciones de los recintos penitenciarios, diciendo que existe más de un 800 por ciento de hacinamiento, no hayan hecho un levantamiento.
