Palabras Lic. Gustavo Montalvo Ministro de la Presidencia
Decisión de Bahía de las Águilas
28 de diciembre, 2018
Este es un día histórico y de gran alegría para la República Dominicana.
Esta mañana se ha dado a conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor del Estado dominicano en el recurso de casación del caso de Bahía de las Águilas.
Esto significa que, a partir de hoy, 362 millones de metros cuadrados que habían pasado a manos particulares por vías fraudulentas han retornado a ser propiedad del Estado dominicano.
Con este paso, la justicia ha triunfado definitivamente y queda totalmente desmontado el fraude que hace años se cometió con estos terrenos en Pedernales.
Siendo esta la instancia más alta de la justicia que puede pronunciarse sobre el caso, se ha confirmado, sin posibilidad de apelación, la decisión que anuló la totalidad de los deslindes y títulos obtenidos de forma fraudulenta por los reclamantes de derechos sobre dicha porción de terreno.
Esto es algo que nos llena de satisfacción y, sobre todo, es una muestra de lo que se puede lograr con voluntad política, con transparencia y poniendo en primer lugar los intereses del pueblo dominicano.
El Presidente Danilo Medina, en el año 2013, decidió continuar con la demanda e impulsarla de manera definitiva y prioritaria, dedicando los recursos humanos y económicos necesarios para darle seguimiento y llegar hasta el final. Eso ha permitido que el Gobierno dominicano obtuviera fallos a favor en primer grado, en apelación y, hoy, un fallo final e irrevocable en casación.
Sin embargo, esta historia empieza mucho antes y vale la pena recordar lo que ocurrió para comprender lo logrado en toda su dimensión.
Entre 1992 y 1995 varios funcionarios del gobierno de entonces y del registro de títulos de Barahona, en contubernio con algunos allegados, generaron títulos irregulares a favor de particulares, incluyendo terrenos del Parque Natural Jaragua, violando así tanto las leyes inmobiliarias como las leyes medioambientales.
Posiblemente en ese momento, este grupo pensó que podría burlar la ley y quedar impune.
Sin embargo, no fue así, porque en 1997 la Dra. Piky Lora, como abogada del Estado, inició un proceso para recuperar estos bienes que son propiedad de todos los dominicanos.
Hay momentos en los que la dignidad de todo un pueblo se muestra en un pequeño acto individual. Y este fue uno de esos momentos.
Ese proceso legal, que habría de durar 21 años, lo continuaría su hija, la también abogada Laura Acosta, que siguió defendiendo desde el 2013, los intereses del Estado en los tribunales de manera incansable.
Quisiera expresar el reconocimiento del gobierno a estas dos mujeres excepcionales, así como al equipo legal que las ha acompañado durante esta larga lucha.
Es justo, igualmente, reconocer la labor del poder judicial, que ha mostrado su alto grado de compromiso, responsabilidad e independencia en cada uno de los fallos.
Tengan por seguro que el pueblo dominicano reconoce y agradece la labor de estos magistrados.
Señoras y señores,
Esta sentencia definitiva, no solo nos llena de satisfacción porque se ha hecho justicia, sino también porque nos abre las puertas para dar el impulso definitivo a los diversos proyectos que necesita y merece la provincia de Pedernales; entre ellos, el anhelado desarrollo turístico sostenible, que, entendemos, mejorará las condiciones de vida de la región suroeste.
Estos años hemos trabajado en sentar las bases para este desarrollo, a fin de que sea un proceso ordenado y planificado. Y a partir de hoy, con esta sentencia favorable, podremos acelerar la implementación de los planes en marcha, contando con la necesaria seguridad jurídica.
Esta sentencia prueba que el Estado de Derecho funciona en la República Dominicana.
En definitiva, esta sentencia nos llena de orgullo y nos muestra el verdadero camino para defender la Patria: el camino de la perseverancia, la defensa de la ley y el trabajo bien hecho.
Muchas gracias
