Repatría otras 720 personas
Santo Domingo RD, –La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 726 nacionales haitianos sin la documentación que avale sus presencias en territorio dominicano, durante operativos de interdicción realizados ayer en distintos puntos del país para fortalecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana.
El organismo responsable de administrar y controlar los flujos migratorios, asimismo, ayer procedió a la deportación de 720 haitianos en condición irregular, desde el Centro de Retención de Inmigrantes de Haina.
Los repatriados fueron 552 hombres, 160 mujeres y dos menores, a quienes se condujo hasta el punto fronterizo de Elías Piña y se entregaron directamente a las autoridades haitianas.
*INTERDICCIONES*
Las jornadas de interdicción migratoria se realizaron en Friusa y sus alrededores, Santiago, Mao, Azua, Constanza, Jarabacoa, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, y fueron coordinadas con el Ejército Nacional, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea, el Cesfront, el Ministerio Público, la Digesett y el Ciutran, entre otros organismos de seguridad.
En la zona de Friusa se detuvieron 231 personas en estatus migratorio irregular, con las que se elevan a 1,259 las aprehendidas en los primeros siete días de abril. En Santiago y Mao se detuvo a 280 inmigrantes ilegales (190 hombres, 58 mujeres y 32 menores que les acompañaban), en Azua fueron 59; en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este 79 personas y en Constanza y Jarabacoa 262 ilegales, de los que 180 son hombres, 51 mujeres y 31 menores que acompañaban a los adultos.
Los extranjeros afectados, a quienes se les respetaron sus prerrogativas e integridad, en el marco de las normas internacionales y el derecho procesal democrático vigente en el país, fueron trasladados a los centros de retención (Haina, Benerito, Santiago o Dajabón) más cercanos al lugar donde fueron detenidos. Allí se les registró y depuró de acuerdo a los protocolos establecidos, previo a ser deportados a su país de origen.
El trabajo de la DM se rige por los dictámenes de la Ley 285-04, e mandato del Consejo de Defensa y Seguridad de la nación y las directrices del presidente Luis Abinader.
El propósito es presevar un entorno migratorio seguro y justo, para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional mediante un trabajo seguro y ordenado que contribuya al bienestar de la población.
