Esta es la segunda vez que el órgano rector interviene un procedimiento de contratación en ese gobierno local
Santo Domingo R.D.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este lunes que declaró la nulidad del procedimiento de licitación pública nacional Núm. Ayuntamiento San P.-CCC-LPN-2025-0001, convocado por el Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís para la contratación del servicio de recolección de residuos sólidos en ese municipio.
Esta decisión se adopta luego de una investigación realizada a partir de la solicitud presentada por la empresa KWC Waste Management Solutions, S.R.L., conforme a las atribuciones legales que la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas otorga al órgano rector.
Durante la revisión del proceso, la DGCP identificó irregularidades graves que comprometen la transparencia, la legalidad y la objetividad del procedimiento entre las que figuran, la ausencia del acto de aprobación del informe de evaluación técnica, requisito esencial para la habilitación formal del oferente adjudicado.
Asimismo, se verificó que la evaluación técnica resultó insuficiente y arbitraria, pues no examinó las especificaciones técnicas ni las capacidades técnicas y financieras previstas en el pliego de condiciones, elementos indispensables para garantizar la adjudicación de los contratos basado en criterios objetivos y no discrecionales.
A ello se suma una inconsistencia crítica en la fase de planificación, ya que el procedimiento fue inicialmente configurado por un monto total estimado de RD$107,000,000.00, mientras que el contrato suscrito asciende a RD$320,999,999.76. Esto implica que el valor contractual triplicó el monto comunicado al sistema y a los potenciales oferentes, lo cual representa una vulneración directa a los principios de transparencia, publicidad y libre competencia.
Mediante una nota de prensa, la DGCP informó que también se detectaron errores formales en el uso de la modalidad “comparación de precios” y en la referencia al derogado Reglamento 543-12, estos no constituyen la causa principal de la nulidad, pero sí refuerzan la falta de rigor procedimental evidenciada.
El órgano rector explicó que, debido a que el objeto del contrato corresponde a la recolección de residuos sólidos, un servicio esencial vinculado al derecho a la salud y a la protección del medio ambiente dispuso que la nulidad tenga efectos diferidos. En consecuencia, el contrato se mantendrá vigente por un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución RIC- 0161-2025, período durante el cual el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís deberá convocar y llevar a cabo un nuevo procedimiento de contratación conforme a la Ley 340-06 y el Reglamento 416-23. Durante ese tiempo, además, deberá garantizar la continuidad del servicio y reconocer al proveedor actual los pagos por los compromisos efectivamente ejecutados.
La DGCP recordó que esta es la segunda ocasión en que advierte irregularidades sustanciales y anula contrataciones para la recolección de desechos sólidos de ese Ayuntamiento con la razón social RJC Clear, S.R.L., pues en mayo de 2021, el órgano rector anuló el procedimiento de Urgencia Núm. AYUNTAMIENTO SAN P.-MAE-PEUR-2021-0001, como resultado de una investigación de oficio, cuyos resultados están documentados en la resolución Ref. RIC-85-2021.
En ese sentido y en el marco de la colaboración con otras instituciones del Estado, la DGCP dispuso la remisión del expediente, tanto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República como a la Procuraduría General de la República, para los fines que estimen pertinentes dentro de sus competencias. Del mismo modo, la resolución fue remitida a la Cámara de Cuentas y a la Liga Municipal Dominicana.
Finalmente, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, reiteró el compromiso institucional de velar por la integridad del sistema de contrataciones y por la protección efectiva del interés general. Señaló que, cuando se detectan irregularidades que comprometen la competencia y el uso adecuado de los fondos públicos, corresponde actuar con firmeza y estricto apego al marco legal.
