La empresa eléctrica asegura que continuará llevando ante los tribunales a toda persona que incurra en acciones fraudulentas en detrimento del suministro del servicio
El Seibo RD, – El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de El Seibo impuso medida de coerción en contra de un ciudadano que habría incurrido en fraude eléctrico en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y del Estado dominicano.
Según sostiene el documento judicial, la decisión del tribunal recae sobre el señor Ramoncito Martes Rosario tras la presunta violación del artículo 125 letra C y numero 2 letra A, numeral 3 de la Ley General de Electricidad 125-1 modificada por la Ley 186-07.
La disposición contempla que deberá cumplir con las medidas de coerción previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 230 del Código Procesal Penal, consistentes en Garantía Económica y Presentación Periódica.
En ese sentido, la garantía económica será de RD$50,000.00, la cual deberá ser saldada a través de una compañía aseguradora dedicada a esos fines y la obligatoriedad de presentarse los días 30 de cada mes ante el fiscal encargado de la investigación.
Cabe resaltar que, al momento de la detención Martes Rosario se encontraba manipulando el medidor número 22106476 hecho ocurrido en un sector de El Seibo. Asimismo, se le ocupó un casco protector de color mamey dentro de una mochila, guantes aislantes eléctricos, dos pinzas, dos riches, arnés de color crema, una llave ajustable y un chaleco reflector
Edeeste reiteró su compromiso con el fortalecimiento de sus mecanismos de control y su actuación dentro del marco legal, para proteger los recursos del sistema eléctrico nacional, al tiempo de hacer un llamado a los usuarios irregulares a regularizar su situación energética y evitar prácticas ilegales que conllevan consecuencias penales y económicas.
Por último, Edeeste aprovechó para recordar que el fraude eléctrico en detrimento del sistema eléctrico nacional está tipificado como delito en la Ley General de Electricidad, razón por la que, su combate es esencial para asegurar la sostenibilidad del servicio y la equidad en el pago del consumo.
