Santo Domingo RD,>El Ministerio Público reveló que en la gestión de Jean Alain Rodríguez la Procuraduría General de la República pagó RD$19,683,600 a la empresa “Desarrollo, Individio & Organización DIO SRL” por unos talleres y seminarios entre los años 2018 y 2020 que no fueron realizados.
Según lo revelado por el organismo persecutor, los imputados Jean Alain Rodríguez, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez y Alfredo Alexander Solano se construyeron en una coalición de funcionarios conjuntamente con el imputado Miguel José Moya y su empresa “Desarrollo, Individio & Organización DIO,SRL, que en conjunto elaboraron una trama para defraudar al Estado dominicano.
El Ministerio Público, indica que José Moya recibía el dinero cada año, supuestamente, para impartir cursos, talleres y seminarios individual y organizacional a los colaboradores de la institución.
Llamó la atención de la actual gestión encabezada por Miriam Germán Brito que hasta en los meses más restrictivos de la pandemia habían reportes de charlas, esto motivó al Ministerio Público a indagar.
Indicó que el entramado reportaba los listados de asistencia de otros cursos como uno del idioma creole y lo utilizaba como evidencia de la realización de un taller conductual para dar apariencia de licitud y transparencia, establece el expediente de solicitud de medida de coerción.
La tarde de este miércoles el imputado Miguel José Moya negó que impartiera tales talleres por los que le pagaron cerca de 20 millones de pesos.
“Una vez ganamos la licitacioón lo que encontramos es que el Procurador quería crear un show de marketing con el caso Odebrecht”, dijo en el interrogatorio Moya.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicita la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y otras siete personas vinculadas en la presunta red de corrupción y lavado de activos.
Los imputados están acusados de integrar una asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
