Santo Domingo RD,> El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) volvió a emplazar a los directivos de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS) para que identifiquen a los funcionarios, personas y sectores que, según ellos, estarían autorizando o tolerando deliberadamente el contrabando de combustibles.
En un comunicado divulgado este lunes y que aparecerá el martes en espacio pagado en la prensa matutina, el MICM solicitó a los dirigentes de ANADEGAS que además de hacer denuncias que alarman un mercado debidamente regulado, aportes los elementos de prueba que permitan a la autoridad actuar en consecuencia.
“ANADEGAS ha mantenido como práctica recurrente la realización de denuncias infundadas en los medios de comunicación, con el fin de confundir a la opinión pública y hacerse de mecanismos de presión para imponer sus reclamos e intereses particulares, que en esta ocasión parecen orientarse a presionar a las autoridades del MICM para obtener un aumento del margen de comercialización que se le reconoce a los detallistas de combustibles”, explica el comunicado, según una nota de la Dirección de Comunicaciones de la institución.
Informa que desde el inicio de la presente gestión de gobierno, las autoridades del MICM han asumido con firmeza el reto de promover e implementar una verdadera reforma regulatoria e institucional, con el fin de erradicar las numerosas deficiencias, distorsiones e informalidades que han marcado históricamente el subsector de los combustibles en la República Dominicana.
Explica que el MICM ha puesto un énfasis particular en la reorganización y la supervisión de las actividades que componen la cadena de comercialización, así como la regularización de las estaciones de expendio de combustibles en todas sus modalidades.
En cuanto al depósito y comercialización irregular de combustibles, fue emitida la Resolución núm. 233, del 13 de octubre de 2016, que dispone la no extensión de la vigencia del Decreto núm. 183-11, del 24 de marzo de 2011, y sus sucesivas modificaciones, prórrogas y extensiones, que reconocía un mecanismo de subsidio o compensación de la suma equivalente a los impuestos al consumo de combustibles fósiles y derivados de petróleo a favor de los afiliados de los gremios de transporte urbano, interurbano y turístico de pasajeros y carga.
Explica que junto al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), el MICM ha identificado múltiples centros de comercialización ilegal, los cuales ha clausurado e inhabilitando los tanques y dispositivos utilizados para el depósito de combustibles.
Recordó que recientemente entró en vigencia la Ley núm. 17-19 para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y comercialización de productos regulados, en cuyo proceso de elaboración el MICM tuvo una activa participación por entender que se requería de un instrumento legal fuerte que tipificara las infracciones administrativas y penales, y le diera a las autoridades las herramientas necesarias para perseguir y castigar el comercio ilícito de combustibles, así como de otros productos.
No obstante, señala que el combate al comercio ilícito de combustibles y de cualquier otro producto “es una tarea permanente que requiere de esfuerzos sostenidos por parte de las autoridades como forma de garantizar la competencia leal y proteger la base impositiva que sustenta la acción del Estado”.
En sus recientes declaraciones públicas, los directivos de ANADEGAS se quejan también de que las autoridades del MICM no los reciben, lo cual es falso porque siempre que ANADEGAS ha querido reunirse con el MICM lo ha hecho; innumerables reuniones han tenido lugar en tiempos recientes con el fin de discutir sus reclamos y buscar soluciones efectivas a los problemas y retos que enfrenta este delicado sector de la economía dominicana.
No obstante, advierte que lo que no acepta el MICM es que se recurra a “acciones y denuncias irresponsables, cuando los reclamos de un determinado sector no han sido complacidos por ser contrarios a la ley, a las políticas públicas idóneamente definidas o al interés general de la ciudadanía”.
