Santo Domingo RD,>La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo domingo, a las 9:00 de la mañana la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los detenidos mediante la operación Calamar, por la cual son encartados 20 personas, incluyendo a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
La audiencia fue presidida por la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción de esta circunscripción.
Por cuestión de espacio la audiencia fue celebrada en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El Ministerio Público estuvo representado por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso; el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho; la procuradora de Corte coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Marinel Brea, Héctor García y Andrés Mena.
La coordinadora de la Pepca, Mirna Ortiz, ayer detalló que en el expediente consta de “más de 1,200 elementos de pruebas depositados, una medida de coerción de más de tres mil páginas que involucra la sustracción de dinero del Estado por más de 17 mil millones de pesos” en expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Ortiz señaló que el Ministerio Público está listo para conocer la medida cuando el tribunal fije la audiencia.
La litigante especificó que esta investigación apenas comienza y que según vaya avanzando pueden producirse otras detenciones.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
