El congresista Michael McCaul, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, expresó su preocupación por el “uso excesivo” de la prisión preventiva en la República Dominicana.
A través de una carta dirigida al secretario de Estado, Antony J. Blinken, solicitó al Departamento de Estado proporcionar un recuento preciso de cuántos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes están actualmente encarcelados bajo esta figura en el país.
“Es importante estar al tanto de los graves problemas de justicia penal que existen en relación con la prisión preventiva, que mantiene a personas en prisión por años a la vez sin un cargo formal. Es un desafío duradero donde el 70 % de los prisioneros están encarcelados bajo la prisión preventiva”, cuestionó.
Pidió tomar medidas inmediatas ante el tema de prisión preventiva, el cual consideró un problema “endémico” y “de larga data”, ya que ha resultado en que gran cantidad de ciudadanos –entre ellos probablemente estadounidenses- permanezcan largos años en prisión sin condena.
Sumado a ello, añadió la aparente “desconexión” entre Washington y la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo al responder, por lo que solicitó investigar a fondo dichos casos, además de garantizar que se sigan los procedimientos legales adecuados, se protejan los derechos de los detenidos y que se cumpla el debido proceso.
Uso de fondos de asistencia bajo la lupa
Así mismo, el representante Michael McCaul pidió al Departamento de Estado que se le proporcione respuestas sobre el correcto uso de los fondos otorgados a República Dominicana para programas relacionados con la prisión preventiva.
“Esta discrepancia podría estar retrasando nuestros esfuerzos de asistencia, como controles de bienestar, asistencia legal, visitas familiares o, lo que es peor, resultar en que nuestros compatriotas estadounidenses sean abandonados”, objetó.
Según el comunicado, desde el 2022, el gobierno de los Estados Unidos ha comprometido más de US$832 millones a países de la región del Caribe en recursos destinados a programas, que incluyen asistencia técnica y capacitación a autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, mejorar el acceso a la justicia y fortalecer el sistema de justicia penal.
