Santo Domingo RD,>La Oficina de Judicial Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó medida de coerción contra los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en la Operación Búho, por su vinculación a un fraude de unos RD$2,500 millones.
El juez Máximo Saint Hilaire dictó prisión preventiva por 18 meses, arresto domiciliario y garantía económica. Además, presentación periódica e impedimento de salida del país contra los imputados. Además, declaró el proceso detramitación compleja.
La prisión preventiva fue impuesta a los imputados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Julio César Minaya y a Jacer Eliazar Mejía Pereyra. Deberán cumplirla en el Centro de CorrecciónNajayo Hombres.
A Kenia del Carmen Liriano Pérez le fue dictado arresto domiciliario, una garantía de 3 millones mediante compañía aseguradora e impedimento de salida del país.
En tanto que Ana Cecilia Tejada Santosrecibió como medida coerción la presentación de una garantía de 3 millones mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 25 de cada mes.
Mientras que a Simona Borsilea le fue impuesta la presentación de una garantía de 1 millón de pesos mediante compañía aseguradora, impedimento de salida del país e igualmente la presentación periódica los días 25 de cada mes.
Revisión obligatoria en enero
El juez fijó la revisión obligatoria de la medida para el 22 de enero de 2024 y la audiencia control para el 24 de junio de ese mismo año.
El entramado enfrenta cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. Los imputados incurrieron en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes y lavado de activos.
La instancia con la solicitud de medida de coerción presentada contra los procesados contiene 224 páginas y suficientes evidencias que lo involucran en los hechos imputados.
La operación Búho
El Ministerio Público puso en marcha el 4 de octubre la Operación Búho, que llevó al arresto de siete directivos de Coop-Herrera implicados en el fraude.
El órgano persecutor movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
De acuerdo al MP, los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.
La solicitud de medida de coerción fue sustentada por los fiscales Eduardo Velázquez, Jonathan Pérez Furcal, Rosa Isabel Mejía y Nicasio Pulinario.
