Santo Domingo RD, –En los operativos de interdicción realizados el viernes 10 de diciembre, la Dirección General de Migración (DGM), en coordinación con las instituciones de seguridad y orden público, detuvo a 1,470 extranjeros en situación migratoria irregular. Asimismo, fueron deportados 1,279 ciudadanos haitianos a través de los pasos fronterizos regulares con Haití.
Las intervenciones de la DGM se realizaron en el Gran Santo Domingo donde hubo 226 detenidos, en la Zona Este (91), La Vega (51), Dajabón (99), Elías Piña (57), Montecristi (82), Pedernales (80), Independencia/Jimaní (62), Azua (51), Barahona (46), Santiago de los Caballeros (75), Mao/Santiago Rodríguez (140) y Puerto Plata (15).
Las unidades del Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvieron a 227 extranjeros indocumentados entregados ala DGM; del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) a 76, y la Policía Nacional (PN) a 62, en coordinación directa con la institución. En diversos puntos del país también se contó con el respaldo de la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
Los 1,279 extranjeros deportados fueron trasladados a los puntos fronterizos de Dajabón (677), Elías Piña (511), Jimaní (118) y Pedernales (57), donde fueron entregados a las autoridades del país vecino, tras completar el proceso de verificación biométrica en los centros de retención.
Operativo en establecimientos de comida en Los Mina
Uno de los operativos de interdicción migratoria se realizó en un establecimiento de comida tipo pica pollo, ubicado en el sector Los Mina, del municipio Santo Domingo Este.
Durante esta intervención fueron detenidos 37 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, de los cuales 21 eran mujeres, quienes fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina para fines de registro y verificación, conforme a los protocolos institucionales establecidos.
La DGM indicó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes que se ejecutan a nivel nacional para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración, con respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
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