También pone a disposición del Ministerio Público a 275 personas por tráfico de indocumentados y retiene 1,210 vehículos.
Santo Domingo . – El Ejército de República Dominicana ha entregado a la Dirección General de Migración a 90,018 extranjeros de nacionalidad haitiana indocumentados, detenidos en los últimos seis meses, durante operativos realizados por la institución en diferentes provincias del país.
Durante el mismo periodo, comprendido entre el 17 de agosto de 2024 al 17 de febrero de 2025, ha puesto a disposición del Ministerio Público a 275 personas, incluyendo civiles y militares, por tráfico de indocumentados.
Las personas enviadas a la justicia fueron detenidas en el referido periodo, cuando transportaban a extranjeros indocumentados en diferentes tipos de vehículos, de los cuales fueron retenidos 1,210 que fueron entregados al Ministerio Público junto con los conductores detenidos.
En las provincias de Azua, Elías Piña y San Juan de la Maguana, pertenecientes a la 3ra brigada, fueron detenidos 29,360 indocumentados y retenidos 359 vehículos, incluyendo motocicletas, durante el referido período. Y en el área de responsabilidad de la 1ra brigada, fue retenido un vehículo y 62 indocumentados.
En Santiago y La Vega, correspondientes a la 2da brigada fueron 2,008 los nacionales haitianos detenidos en condición migratoria irregular y 43 los vehículos incautados. En la 7ma brigada, que comprende las provincias Duarte, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná, suman 2,231 los extranjeros detenidos sin documentación y 27 los vehículos retenidos.
Mientras que, en la zona de responsabilidad de la 4ta brigada, que incluye las provincias Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde, las detenciones fueron 30,587 y 576 las retenciones. Asimismo, en las provincias de Barahona e Independencia, de la 5ta brigada, los indocumentados detenidos fueron 23,533 y 199 los vehículos retenidos.
El Comandante General del Ejército, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ha mantenido una firme postura en contra de las personas involucradas en acciones ilícitas relacionadas al tráfico de indocumentados y reitera que las mismas serán puestas a disposición del Ministerio Público para el debido proceso de Ley.
