Santo Domingo Este, –La Asamblea Extraordinaria de los contratistas del Comité Institucional Codiano (CIC) incluidos en la Ley 16-26 aprobó este sábado un conjunto de resoluciones dirigidas a intensificar el seguimiento a la ejecución de esa legislación y reclamar resultados concretos en el proceso de validación y pago de 92 expedientes por un monto aproximado de RD$390 millones.
Los contratistas aprobaron reclamar a la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26 que acelere el conocimiento de esos expedientes y ofrezca información clara y verificable sobre el avance del proceso, incluyendo las validaciones realizadas y las perspectivas para el inicio de los pagos.
Durante la Asamblea, el presidente en funciones del CIC, arquitecto Emiliano Familia, presentó un informe general sobre las gestiones desarrolladas ante el Ministerio de Hacienda y Economía, la Contraloría General de la República, el MIVED, el Congreso Nacional y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
Uno de los puntos destacados fue la información ofrecida el pasado 2 de septiembre por el viceministro del Tesoro, Derby de los Santos, quien comunicó a representantes del CIC que era “muy posible” completar la validación de los 92 expedientes antes de finalizar 2026.
La Asamblea consideró que ese anuncio debe traducirse ahora en hechos verificables, un cronograma de trabajo y resultados concretos, tomando en consideración la antigüedad de reclamaciones que, en numerosos casos, se remontan varias décadas.
PIDEN AL CONGRESO FISCALIZAR EJECUCIÓN DE LA LEY
La Asamblea aprobó reclamar al Congreso Nacional que ejerza sus facultades de fiscalización sobre la ejecución de la Ley 16-26 y dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación.
Los contratistas consideran necesario que el Congreso conozca el nivel de avance alcanzado por la Comisión Ejecutora, el número de expedientes examinados y validados y las previsiones existentes para comenzar a materializar los pagos.
La resolución aprobada también plantea la necesidad de verificar el cumplimiento de los mecanismos de información contemplados en la propia Ley 16-26.
RECLAMAN VEEDURÍA EFECTIVA Y MAYOR TRANSPARENCIA
Otro de los puntos aprobados se refiere al papel de los veedores del CODIA y ANPRAS en el seguimiento de la ejecución de la ley.
La Asamblea respaldó la posición de que la veeduría debe disponer de las informaciones necesarias para ejercer efectivamente sus funciones de transparencia, seguimiento y monitoreo, respetando que las decisiones sobre validación corresponden exclusivamente a la Comisión Ejecutora.
Asimismo, los contratistas respaldaron las gestiones realizadas por el CIC para lograr que el proceso de depuración de las acreencias se desarrolle con información pública suficiente que permita conocer su evolución.
ASAMBLEA APRUEBA NOTA DE PROTESTA POR ACTUACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CODIA
La Asamblea conoció también un informe presentado por el vocero autorizado del CIC, ingeniero Miguel Liberato, sobre las relaciones mantenidas con la actual dirección del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.
Luego de conocer las comunicaciones y gestiones realizadas desde el inicio de la actual administración del gremio, los contratistas aprobaron una Nota de Protesta por la falta de respuesta oportuna del presidente del CODIA, arquitecto George Richardson, a la solicitud depositada el pasado 8 de septiembre para utilizar el salón de actos de la institución para celebrar la Asamblea Extraordinaria.
La Asamblea consideró institucionalmente inaceptable que una petición presentada por miembros del propio Colegio permaneciera sin definición durante un período que comprometiera la organización de la actividad y obligara al CIC a gestionar una sede alternativa.
La resolución aprobada reclama que las comunicaciones y solicitudes formuladas por miembros del CODIA reciban respuestas oportunas dentro de un marco de respeto, transparencia y consideración institucional.
Al mismo tiempo, la Asamblea dejó establecido que las diferencias surgidas no deben convertirse en una confrontación personal y ratificó la disposición del CIC de mantener abiertos los canales de diálogo con las autoridades del Colegio.
La Nota de Protesta será remitida a la Junta Directiva Nacional y a la Comisión de Defensa del CODIA, además de darse a conocer públicamente.
FORTALECIMIENTO INTERNO DEL CIC
La Asamblea adoptó igualmente decisiones dirigidas al fortalecimiento institucional y organizativo del Comité, incluyendo medidas sobre transparencia, rendición de cuentas y normas internas de funcionamiento.
Entre ellas figura la aprobación del Código de Ética y Disciplinario del CIC, que establece principios de participación democrática, respeto a las decisiones colectivas, transparencia, rendición de cuentas, unidad de acción y responsabilidad de quienes ejerzan funciones de dirección o representación.
“QUEREMOS COBRAR EN VIDA”
Las decisiones fueron adoptadas cuando se aproxima el quinto mes de la promulgación de la Ley 16-26, ocurrida el pasado 1 de mayo, y casi tres meses después del inicio de los trabajos de su Comisión Ejecutora.
El CIC reiteró que reconoce los avances producidos desde la aprobación de la legislación, pero considera que ha llegado el momento de que esos avances administrativos comiencen a reflejarse en expedientes validados y perspectivas concretas de pago.
Los contratistas recordaron que detrás de los expedientes existen profesionales envejecientes, familias y herederos de compañeros que fallecieron sin recibir las acreencias reclamadas durante años.
La Asamblea ratificó finalmente la consigna que ha acompañado las movilizaciones del Comité durante todo el proceso:
“QUEREMOS COBRAR EN VIDA”.
COMITÉ INSTITUCIONAL
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ASAMBLEA DEL CIC APRUEBA NUEVAS ACCIONES PARA EXIGIR VALIDACIÓN Y PAGO DE 92 EXPEDIENTES DE LA LEY 16-26
Contratistas reclamaron mayor transparencia, fiscalización del Congreso y participación efectiva de los veedores; además aprobaron una Nota de Protesta por la falta de respuesta oportuna de la presidencia del CODIA
SANTO DOMINGO.— La Asamblea Extraordinaria de los contratistas del Comité Institucional Codiano (CIC) incluidos en la Ley 16-26 aprobó este sábado un conjunto de resoluciones dirigidas a intensificar el seguimiento a la ejecución de esa legislación y lograr la validación y posterior pago de 92 expedientes correspondientes a acreencias estimadas en unos RD$390 millones.
Durante la actividad, el presidente en funciones del CIC, arquitecto Emiliano Familia, presentó un informe general sobre las gestiones desarrolladas ante el Ministerio de Hacienda y Economía, la Contraloría General de la República, el MIVED, el Congreso Nacional y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
La Asamblea tomó conocimiento de las informaciones ofrecidas el pasado 2 de septiembre por el viceministro del Tesoro, Derby de los Santos, quien comunicó a representantes del CIC que era “muy posible” completar la validación de los 92 expedientes antes de finalizar 2026.
Los contratistas acordaron dar seguimiento a ese anuncio y reclamar que se traduzca en resultados verificables, información periódica sobre los expedientes procesados y un cronograma que permita conocer el avance real del proceso de validación.
ASAMBLEA RECLAMA TRANSPARENCIA Y VEEDURÍA EFECTIVA
La Asamblea aprobó reclamar mayores niveles de información y transparencia en los trabajos de la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26, particularmente respecto de los expedientes que se encuentran en proceso de revisión, validación y reconocimiento.
Asimismo, ratificó la importancia de que las funciones de veeduría previstas en la Ley 16-26 puedan ejercerse efectivamente, con acceso a las informaciones necesarias para realizar labores de seguimiento y monitoreo, sin interferir en las atribuciones decisorias de la Comisión Ejecutora.
Los contratistas reiteraron que la veeduría constituye un instrumento de transparencia y que su ejercicio efectivo contribuiría a fortalecer la confianza de los acreedores y de la sociedad en el proceso de aplicación de la ley.
PIDEN AL CONGRESO EJERCER SU FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN
Otro de los acuerdos aprobados fue reiterar al Congreso Nacional la solicitud de que ejerza sus atribuciones de fiscalización sobre la ejecución de la Ley 16-26.
La Asamblea acordó insistir ante ambas cámaras legislativas en la necesidad de dar seguimiento al cumplimiento de la ley, al proceso de validación de las acreencias y a los mecanismos de información establecidos en la legislación.
Los contratistas consideran que, luego de haber aprobado la Ley 16-26, corresponde también al Congreso dar seguimiento a su ejecución y procurar que los objetivos que motivaron su aprobación se materialicen.
ASAMBLEA APRUEBA NOTA DE PROTESTA POR ACTUACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CODIA
La relación entre el CIC y la actual dirección del CODIA ocupó igualmente una parte importante de las deliberaciones.
El vocero autorizado del CIC, ingeniero Miguel Liberato, presentó un recuento de las comunicaciones y gestiones realizadas ante las nuevas autoridades del Colegio y de las diferencias surgidas en torno al seguimiento institucional de la Ley 16-26.
Luego de conocer esos antecedentes, la Asamblea aprobó una Nota de Protesta por la falta de respuesta oportuna del presidente del CODIA, arquitecto George Richardson, a la comunicación depositada el pasado 8 de septiembre solicitando el uso del salón de actos de la sede central para celebrar la Asamblea Extraordinaria.
Los asambleístas consideraron que una solicitud formulada por miembros del propio Colegio para realizar una actividad gremial debía recibir una respuesta oportuna, independientemente de que la decisión fuera favorable o desfavorable.
La Asamblea dejó constancia de que la falta de una definición a tiempo generó incertidumbre y obligó al CIC a realizar gestiones para localizar una sede alternativa donde celebrar la actividad.
La Nota de Protesta será remitida a la Junta Directiva Nacional y a la Comisión de Defensa del CODIA, conforme a lo aprobado por los contratistas.
No obstante, la Asamblea dejó establecido que las diferencias surgidas con la actual dirección del Colegio no deben convertirse en una confrontación personal, y ratificó la disposición del CIC de mantener abiertos los canales de diálogo institucional.
CINCO MESES DE LA LEY Y UNA ESPERA DE DÉCADAS
Las decisiones fueron adoptadas cuando se aproxima el cumplimiento de cinco meses de la promulgación de la Ley 16-26, ocurrida el pasado 1 de mayo, y luego de casi tres meses de iniciados los trabajos de su Comisión Ejecutora.
Para los integrantes del CIC, el factor tiempo tiene especial importancia debido a la antigüedad de las acreencias y a las condiciones de muchos de los contratistas que llevan años esperando una solución.
Desde las primeras semanas posteriores a la promulgación, el CIC ha sostenido que la aprobación de la ley constituyó un paso fundamental, pero que su verdadero resultado dependerá de que los expedientes sean efectivamente validados, reconocidos y pagados.
La Asamblea aprobó además medidas de fortalecimiento institucional y organización interna, incluyendo disposiciones relacionadas con la transparencia, rendición de cuentas, disciplina y funcionamiento democrático del Comité, principios recogidos en el proyecto de Código de Ética y Disciplinario del CIC.
Al concluir la actividad, los contratistas reafirmaron la consigna que ha acompañado sus reclamaciones durante el proceso de aprobación y ejecución de la Ley 16-26:
“QUEREMOS COBRAR EN VIDA”
