Han pasado semanas desde que se acordó la creación de una comisión técnica y varias subcomisiones para mediar entre la empresa Barrick Gold Pueblo Viejo y los munícipes de la provincia Sánchez Ramírez, y sin embargo, los comunitarios siguen a la espera de respuestas concretas.
La situación es crítica. Más de 600 familias podrían verse desplazadas por los planes de expansión minera, y lo que se prometió como un proceso participativo, enfocado en la dignidad y la productividad de todos los actores, se ha estancado en la inacción y el silencio institucional.
El conflicto entre los intereses de desarrollo económico y los derechos de las comunidades no es nuevo. Lo que resulta alarmante es la falta de seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades y la empresa. La creación de comisiones no puede ser una excusa para dilatar decisiones urgentes. La población necesita más que reuniones: necesita transparencia, soluciones claras y garantías reales.
Es responsabilidad de las autoridades y de la empresa retomar con seriedad este proceso y demostrar que los espacios de diálogo no son solo para calmar tensiones momentáneas, sino para construir consensos sostenibles que beneficien a todos.
La provincia Sánchez Ramírez merece atención, justicia y respeto. No es aceptable que sus ciudadanos vivan en la incertidumbre, atrapados en un limbo que amenaza sus hogares, su economía y su bienestar. Es hora de que las comisiones actúen y cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas.
Kaming Rosario E.
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