Santo Domingo RD, –La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) alza su voz con firmeza y compromiso ciudadano, al conmemorarse más de dos décadas de la promulgación de la Ley No. 87-01 que dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Lejos de ser un instrumento de protección y justicia social, esta ley ha devenido en un sistema excluyente, injusto, deshumanizado y profundamente opaco.
Quienes con su esfuerzo y sudor sostienen el aparato productivo nacional —los trabajadores— continúan siendo los grandes olvidados. Mientras unos pocos han acumulado fortunas multimillonarias, la mayoría lucha diariamente por acceder a servicios de salud dignos y por la esperanza, cada vez más lejana, de una pensión justa al final de su vida laboral.
Desde la FJT, denunciamos que tanto las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se han convertido en emblemas de la desigualdad. Han sido ellas, y no los trabajadores, las principales beneficiarias de un modelo que concentra riqueza en manos de pocos, mientras deja a millones con las manos vacías.
¿Cómo se explica que los afiliados, los legítimos dueños de los recursos, reciban apenas migajas después de décadas de aportes obligatorios? ¿Cómo puede llamarse «seguro social» a un sistema donde la vejez se convierte en una pesadilla, y la enfermedad en una sentencia de abandono?
Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la FJT, advierte que más de cinco millones de trabajadores cotizan actualmente en el sistema, muchos de ellos aferrados a la ilusión —vendida como promesa por el propio Estado— de que, al llegar a los 60 años, recibirán una pensión digna. Pero esa promesa ha resultado ser una falacia disfrazada de esperanza.
Las cifras no mienten. Las AFP manejan, a marzo de 2025, más de RD$1.15 billones de pesos. Un monto colosal que, en lugar de destinarse a garantizar una vejez tranquila, ha engrosado los bolsillos de grupos empresariales que han encontrado en las pensiones una mina de oro, mientras los trabajadores envejecen sin certezas y sin salud.
En cuanto a las ARS, el panorama es igual de indignante. Solo en 2023, generaron ingresos superiores a los RD$53,000 millones, con ganancias netas de casi RD$4,000 millones, mientras miles de dominicanos enfrentaban barreras para acceder a medicamentos, estudios diagnósticos y atenciones médicas básicas.
Frente a esta realidad, resulta alentador que el ministro de Trabajo, Lic. Eddy Olivares, haya reconocido públicamente que la Ley 87-01 “está rezagada en el tiempo”, durante su intervención en el Tercer Foro sobre los retos de la formalización laboral en Iberoamérica. Pero más que declaraciones, el pueblo necesita acciones concretas.
Porque este es, quizás, el único caso en el que los verdaderos dueños del dinero no tienen voz ni voto en el destino de sus recursos. En estos 24 años, las ARS y AFP se han enriquecido obscenamente, mientras los trabajadores han perdido salud, atención, cobertura y dignidad. Las pensiones que se entregan son tan indignas, que no alcanzan ni para costear los medicamentos más básicos de una persona mayor.
Por ello, desde la Fundación Justicia y Transparencia hacemos un llamado urgente y enfático a los miembros de la Comisión de Seguridad Social del Congreso Nacional: escuchen al pueblo, legislen con el corazón, reformen esta ley que ha dejado de ser social y nunca fue segura. Además, es excluyente, injusta y poco transparente
Finalmente, anunciamos que iniciaremos una cruzada nacional para exigir una transformación real y profunda de la Ley No. 87-01. El pueblo dominicano merece un sistema de seguridad social que sea justo, humano, equitativo y verdaderamente solidario. Ha llegado la hora de acabar con la estafa legalizada y construir un nuevo pacto social que dignifique la vida de cada trabajador dominicano.
