Santo Domingo RD,>Abogado dice debieron imponerle, aunque fuere una medida de coerción de arresto domiciliario y no mandarlo para su casa como si nada hubiese pasado y excluirlo del expediente
El Ministerio Publico está contribuyendo a incentivar la corrupción administrativa con el acuerdo que hizo con Ramon Emilio Jiménez -Mimilo- aseguró hoy el abogado penalista Plutarco Jáquez.
“El mensaje que se está enviando con el caso de Mimilazo es incentivar la corrupción administrativa”, advirtió el abogado.
Expresó que Mimilo, está fuera del expediente porque la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y el Equipo de Abogados de Recuperación de Patrimonio Público, desistieron de cualquier acción penal en su contra, enviando una muy mala señal a la sociedad dominicana.
Indicó que debieron imponerle, aunque fuere una medida de coerción, aunque fuese arresto domiciliario. “No mandarlo para su casa como si nada hubiese pasado” y excluirlo de expediente.
Sostuvo que por esa mala señal que se está enviando a la sociedad no es partidario del acuerdo que llegaron los fiscales en el caso Mimilazo.
Dijo que se incentiva la corrupción, enviado un mensaje a los actuales funcionarios a robarse cien millones y que devuelvan 25, quédate con 75, y todo que resuelto.
Dijo no entender cómo es que Mimilo no está en el expediente denominado Calamar, aunque fuera con una medida de coerción de prisión domiciliaria, por el contrario, no le presentaron acusación cuando es un actor principal.
“Si bien es cierto que el Ministerio Público tiene la facultad para hacer algunos acuerdos, yo siento que ahí fue irracional porque, eso incentiva a los actos de corrupción”, precisó.
Manifestó que si Mimilo hizo un acuerdo devuelve soliciten, aunque fuere una medida de coerción, aunque fuere arresto domiciliario.
Dijo que en ese proceso tiene un cliente que hizo un acuerdo y no corrió la misma “suerte” de Mimilo de quedar fuera del expediente.
“Nosotros tenemos un cliente en ese caso hizo un acuerdo devolvió y no está fuera del expediente tiene”.
“A mí no me pueden explicar en este país que Mimilo este fuera de ese expediente, no puede ser”, dijo el abogado.
Dijo que esperar que, con la salida de Miriam German Brito, como procuradora general de la República, las cosas puedan mejorar y el Ministerio Público no sea tan benévolo con acusados predilecto.
El acuerdo fue firmado por Mimilo Jiménez; la ex juez de la Suprema Corte de Justicia Esther Casasnovas y Francisco Álvarez (defensa de Jiménez); Jorge Luis Polanco Rodríguez (Equipo de Recuperación de Patrimonio Público) y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa el pasado 20 de abril de 2024 en torno al caso Calamar en cursa en la justicia.
Mimilo Jiménez es señalado por el PEPCA como miembro de una «estructura criminal» donde supuestamente se estableció un esquema de cobro ilícito a bancas deportivas de loterías.
El comunicador Julio Martínez Pozo reveló los intricados movimientos y acuerdos detrás del escándalo conocido como el “Mimilazo”.
Durante su intervención, Martínez Pozo detalló cómo el Ministerio Público presentó inicialmente decenas de supuestas víctimas, pero luego desechó a todos los querellantes, dejando al Estado como la única víctima reconocida en el proceso de homologación.
Este cambio permitió exculpar a los acusados y establecer que las únicas reparaciones necesarias eran para el Estado, no para individuos privados.
Pozo destacó un aspecto controvertido del acuerdo: los acusados resarcirán al Estado mediante la realización de obras públicas contratadas por el propio gobierno.
Lo que, a juicio del comunicador, esto pone a los acusados en una posición privilegiada como contratistas del Estado, lo que levanta sospechas sobre la transparencia y la justicia del proceso.
Además, señaló que los acuerdos fueron manejados por la firma de abogados Hedrick, vinculando a figuras clave del Ministerio Público con la misma oficina, lo que genera dudas sobre posibles conflictos de interés.
Dentro de los beneficios que tiene Jiménez por delatar a sus socios al Ministerio Público y atestiguar contra las cabezas de la operación Calamar reside en que la barra de abogados del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público y los fiscales desistirán de cualquier acción penal o civil en su contra.
