Santo Domingo RD, –Cada puesto de vigilancia privada cubierto de manera informal priva al Sistema Dominicano de Seguridad Social de unos RD$67,000 al año, según un cálculo divulgado por Grupo EULEN República Dominicana a partir de las tasas de cotización vigentes.
La estimación combina dos datos oficiales: el salario mínimo sectorial de la vigilancia privada, fijado en RD$24,633 mensuales desde el 1 de febrero de 2026, y las tasas de cotización de la Resolución 01-2025 de la Tesorería de la Seguridad Social. Entre Seguro Familiar de Salud, pensiones, riesgos laborales, INFOTEP y el aporte del propio trabajador, cada puesto formal genera obligaciones equivalentes a cerca del 22 % del salario cotizable. Es dinero que no llega ni a las ARS ni a la cuenta de pensiones del vigilante cuando el servicio se contrata al margen de la ley.
Aplicada al rango de informalidad que maneja el sector, entre 30,000 y 45,000 vigilantes, esa brecha representaría entre RD$2,000 y RD$3,000 millones anuales solo en cotizaciones, sin contar impuestos no facturados. La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) ha situado la fuga total en más de RD$1,600 millones al año.
«El diferencial de precio entre un servicio formal y uno informal no es un ahorro, es un riesgo diferido», afirmó Eilin Díaz, gerente general de Grupo EULEN República Dominicana. «Ese 22 % que no se cotiza no desaparece. Es la pensión que ese vigilante no va a tener y la cobertura que no existe el día que ocurre un incidente en el puesto».
La compañía advirtió, sin embargo, que ninguna institución del Estado publica hoy cuántos vigilantes operan fuera del marco legal. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada difunde el listado de empresas reguladas, pero no un padrón de personal, y la Tesorería de la Seguridad Social publica los empleos cotizantes sin desagregar por rama de actividad. La última cifra oficial de personal del sector la ofreció la propia Superintendencia hace casi dos décadas, cuando reportó unos 30,000 agentes privados.
«No se puede combatir lo que no se mide», sostuvo Díaz. EULEN llamó a que la Superintendencia y la Tesorería publiquen el padrón de vigilantes registrados y la nómina sectorial reportada, dos datos que permitirían dimensionar la informalidad con precisión oficial y no con estimaciones de mercado.
El planteamiento llega en un momento de redefinición normativa. La reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, aprobada en primera lectura por el Senado, endurece las sanciones contra la asignación de agentes policiales a labores de seguridad para particulares. El gremio, en paralelo, reclama una ley sectorial actualizada para un sector que sostiene cerca de 62 mil empleos formales.
