“Dicen FFAA se niega a entregar información pública”
Santo Domingo RD,>El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CONADEHU) denunció que la usurpación de las funciones sindicales y la complicidad con los dueños de las empresas de seguridad privada es la principal causa de las desastrosas condiciones salariales que afectan a los trabajadores de la seguridad privada “Guachimanes”.
Conforme a una respuesta dada por el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, en la actualidad: ¨no existen sindicatos activos vinculados al sector de seguridad privada¨, figurando solamente tres entidades y las mismas se encuentran inactivas en su sistema.
Sin embargo, a pesar de la inexistencia de representación sindical del sector afectado, resulta que sindicalistas de otro áreas (recientemente beneficiados con pensiones privilegiadas) se prestan a hacerle el juego a los dueños de empresas de seguridad privada, a fin de generar el consenso necesario para mantener salarios de miseria ilegalmente, inexplicablemente más bajos que en otros sectores, incluso cuando realizan la misma labor, cuestión que viola el principio de la igualdad salarial garantizado en el acápite 9 del artículo 62 de la Constitución Dominicana.
Como prueba de su denuncia, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CONADEHU), Inc., presenta otra comunicación del ministerio de Trabajo en respuesta a un requerimiento de información indica: ¨la razón legal existente por la que las empresas de seguridad privada tienen un salario diferente al salario básico de una seguridad privada de la administración de condominios, se debe a los consensos de las organizaciones representadas por empleadores y trabajadores que se originan en el Comité Nacional de Salarios¨.
De igual manera la entidad estableció, que existe una complicidad de parte de altos oficiales militares y policiales que son dueños de las empresas de seguridad privada y tienen tanta incidencia en el seno del Ministerio de las Fuerzas Armadas que más de un mes después todavía no han respondido una solicitud de información pública, en la que se solicita cuáles son las empresas de vigilancia privada que están vinculadas a oficiales activos y retirados por lo cual no descartan acudir a las vías jurisdiccionales a fin de que sea entregada la información solicitada.
