Washington DC,>Una corte federal de apelaciones bloqueó temporalmente el jueves la publicación de los registros solicitados por un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección del 6 de enero, mientras el tribunal considera una solicitud de emergencia del expresidente Donald Trump.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia otorgó el jueves una suspensión administrativa solicitada por Trump. La suspensión tiene como objetivo darle tiempo a la corte para considerar los argumentos del expresidente en contra de la divulgación de los documentos, que de otra manera estaba programada para el viernes sin una orden judicial.
La orden retrasa efectivamente hasta finales de este mes la publicación de los registros que debían entregarse el viernes. La corte de apelaciones estableció la exposición de argumentos en el caso para el 30 de noviembre.
La Cámara Baja está solicitando los registros de llamadas de Trump, los borradores de los discursos y otros documentos relacionados con los hechos del 6 de enero. El Congreso ha buscado los registros para comprender mejor el ataque al Capitolio, en el que seguidores del expresidente saquearon el edificio y obligaron a esconderse a los legisladores que certificaban la derrota electoral de Trump ante el ahora presidente Joe Biden.
Biden renunció al privilegio ejecutivo sobre los documentos. Luego, Trump acudió a la corte argumentando que, como expresidente, todavía tenía derecho a ejercer privilegios sobre los registros y que publicarlos dañaría la presidencia en el futuro.
La jueza de distrito de los Estados Unidos, Tanya Chutkan, rechazó el martes esos argumentos y señaló en parte que «los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente». Nuevamente negó una moción de emergencia de Trump el miércoles.
En su petición ante la corte de apelaciones, los abogados de Trump escribieron que sin el remedio solicitado, el expresidente «sufriría un daño irreparable a través de la negación efectiva de un derecho constitucional y legal a ser escuchado plenamente sobre un desacuerdo grave entre el expresidente y el actual presidente».
