Demandan al Banco Popular por adjudicación irregular de propiedad en villa consuelo

Acusan a la entidad de ignorar sentencia de la scj; demandas superan los 912 millones de pesos

Santo Domingo RD, –Los abogados Edgar A. Jiménez y José A. Méndez Marte denuncian ante el país que el Banco Popular, está siendo demandado en los tribunales por un monto que asciende a 912 millones 830 mil de pesos, como consecuencia de una adjudicación irregular de una propiedad localizada en el sector de Villa Consuelo.

Los abogados dijeron que la entidad bancaria se adjudicó la Plaza Club Empresarial, a pesar de que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia se lo prohibía, cuando casó la sentencia civil núm. 036-2021-SSEN-01033.

Se trata de los procesos judiciales contra la entidad bancaria en la Primera, Segunda y la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en la Séptima Sala.

Los abogados Jiménez y Méndez Marte explicaron que la entidad bancaria enfrenta tres demandas en reparación de daños y perjuicios, dos de ellas, también como demandas en nulidad y una litis sobre derechos registrados.

En la Cuarta Sala de la de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tiene previsto para el miércoles 6 de agosto 2025, demanda en nulidad y reparación de daños y perjuicios por un monto de 45 millones de pesos.

Mientras que, para el lunes 25 de agosto 2025, en la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se conocerá una de las demandas en daños y perjuicios por 747 millones de pesos.

El día miércoles 8 de octubre 2025, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional conocerá una demanda en nulidad y Reparación de daños y perjuicios contra el Banco Popular, de una propiedad localizada en Villa Consuelo, propiedad que la entidad bancaria se adjudicó a pesar de que el plazo para la interposición del recurso de casación y una sentencia con carácter cosa juzgada dictada por la Suprema Corte de Justicia se lo prohibía.

En esta demanda reclaman el pago de una indemnización 120 millones 830 mil pesos, por los daños y perjuicios ocasionados a la Agencia JB Continental, SRL., propietaria del inmueble.

Se trata de un inmueble (plaza comercial), ubicado en la calle Charle Pie, numero 25 esquina Juan de Morfa, Villa Consuelo, que en principio la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, le dio ganancia de causa al banco, sin embargo, esa decisión fue casada por la Suprema Corte de Justicia.

E otro proceso seguido a esa entidad bancaria se trata de una Litis sobre Derechos Registrados en la Séptima Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.

La decisión de la SCJ dispone “casa la sentencia civil núm. 036-2021-SSEN-01033, dictada en fecha 28 de septiembre 2021, por la tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en consecuencia, retorna la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de dictarse la indicada decisión”.

Precisan que el Estado anterior es imposible de retomar debido a que la propietaria actual (Banco Popular), primero, no tiene fundamento para ostentar la propiedad, la sentencia utilizada para transferir fue anulada por un decisión firme; segundo, porque no dispone de ningún crédito para acceder al embargo, la transferencia de derecho eliminó las cargas en el certificado de título y tercero, porque no puede embargar una propiedad de la cual está registrado actualmente como dueño, es imposible que el Banco Popular ser propietaria y persiguiente al mismo tiempo.

Los abogados sostienen que, en la transferencia de derecho sobre la propiedad, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Registro de Titulo del Distrito Nacional, deben velar por el cumplimiento de la ley, como guardianes y garantes para la ejecución regular del traspaso de derecho, ambas instituciones en este caso colisionaron, traspasaron el inmueble sin tomar en cuenta lo que dispone la ley.