Nuevos desistimientos y violaciones al debido proceso debilitan el caso Calamar
Santo Domingo RD, -El abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero, Mario Aguilera, sorprendió este miércoles al tribunal que conoce el caso Calamar al solicitar que quede consignado en acta que el informe elaborado por investigadores antifraude de la Contraloría General —documento que sirvió de punto de partida para la operación judicial en su contra— nunca le fue notificado a la defensa y, por consiguiente, ésta no tuvo oportunidad de conocerlo y discutir su contenido, un derecho que recoge la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Aguilera explicó que, a pesar de que el informe ha sido citado de forma reiterada durante las audiencias por otros representantes legales, ni su defendido ni su equipo tuvieron acceso al mismo en ningún momento del proceso. “Ese informe existe, ha sido mencionado como prueba en este caso, y nunca nos ha sido notificado. Por tanto, jamás hemos podido ejercer contradicción alguna”, subrayó el jurista al hacer la petición formal.
La intervención cobra especial relevancia porque el informe en cuestión fue utilizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para justificar la investigación iniciada en el año 2020 de la denominada Operación Calamar. Sobre ese informe se construyeron las acusaciones contra Guerrero y otros exfuncionarios, en relación con supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones que superaron los 17,000 millones de pesos entre abril y junio de 2020.
Según fuentes jurídicas, la omisión de notificar un documento de ese alcance compromete directamente el derecho al debido proceso y podría impactar en la validez de las actuaciones del Ministerio Público. “Ahora que se menciona, tenemos alto interés en que se haga constar en acta que nunca se nos notificó como defensa de Donald Guerrero, y por consiguiente, nunca ejercimos contradicción al respecto”, añadió Aguilera.
Nuevos desistimientos
La sesión estuvo marcada además por nuevos desistimientos en favor del exministro. Al igual que ocurrió la semana pasada, varios querellantes comunicaron al tribunal que abandonan sus acusaciones contra Guerrero. Entre ellos, la Fundación Alfredo Nóbel, que retiró su querella y acusación particular, así como representantes de la familia Mota, quienes cuentan con títulos de propiedad y habían suscrito contratos con el Estado.
Durante las audiencias recientes, alrededor de 40 herederos de la familia Reyes, representados por Patricio Mañón y Julio César Ventura, hicieron lo propio, solicitando además que se ordene el pago del 20% pendiente en favor de los propietarios.
Este jueves también presentaron su caso en la audiencia querellantes que carecen de títulos de propiedad y que el pasado año fueron denunciados como falsos querellantes por carecer de calidad al no tener sus derechos de propiedad registrados y con poderes firmados por personas fallecidas hace años.
A estos desistimientos se añaden la extinción de la acción penal interpuesta por más de 260 querellantes particulares dictaminada por el Tribunal del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, debido a que sus acciones fueron “mal promovidas” al carecer de representación legal válida y poderes pertinentes.
