Santo Domingo DN, –El reciente incidente protagonizado por el propietario chino de la tienda MUDAN, ubicada en la avenida Duarte, debe ser motivo de profunda reflexión y acción firme por parte de las autoridades. Su comportamiento desafiante y violento contra miembros de la Dirección General de Migración, quienes realizaban un operativo en el marco de la ley, no solo constituye una falta de respeto institucional, sino una agresión directa al orden legal de la República Dominicana.
Más grave aún resulta el ultraje cometido por empleados dominicanos del mismo establecimiento contra el fiscal actuante, lo que agrava la situación y demuestra un preocupante nivel de irrespeto hacia las autoridades. Este caso amerita un castigo ejemplar, no solo para el propietario extranjero, sino también para los empleados que participaron en la obstrucción de la justicia.
El Gobierno, a través de los canales correspondientes, debe notificar formalmente a todas las tiendas de propiedad china en el país sobre la prohibición expresa de contratar mano de obra extranjera en situación migratoria irregular. Quienes incumplan esta norma deben ser debidamente sancionados, incluso con el cierre de sus establecimientos si fuese necesario.
La ley debe ser igual para todos, y su aplicación no puede depender de la nacionalidad ni del poder económico de quien la infringe. Defender la soberanía legal del país es deber de todos. La autoridad se respeta.
Por Kaming Rosario E.
