Santo Domingo RD,>El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, llamó este martes a los senadores y diputados que integran la Comisión Bicameral que estudia el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio a ponerse de acuerdo, para aprobar la pieza legislativa lo más pronto posible.
“Nuestro llamado es a que trabajemos por el país con madurez política, que concluyamos este largo proceso, deponiendo los intereses particulares para priorizar el interés colectivo, en aras de obtener una ley viable, práctica, ágil y contundente”, expresó Eduardo Estrella.
El representante de la provincia Santiago ofreció estas declaraciones durante el conversatorio “Análisis del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio”, organizado por el Congreso Nacional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Durante la actividad, Eduardo Estrella dijo que los hechos han demostrado que, cada día más, se hace necesario que la nación cuente con instrumentos que tengan garras, capaces de castigar las malas prácticas y erradicar cualquier resquicio de impunidad.
“Quiero reiterar nuestro firme compromiso con la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. Mi voto será a favor de esta pieza legislativa que tanto espera y demanda la sociedad dominicana, como un mensaje claro y definitivo de que el que cometa este tipo de delito en el país, no podrá burlar la persecución de una justicia independiente en la República Dominicana”, agregó.
En el conversatorio, que tuvo como objetivo reforzar el conocimiento de la iniciativa legislativa con la participación de destacados profesionales, asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; Pedro Catrain, presidente de la Comisión Bicameral que conoce el proyecto, senadores, diputados, juristas y catedráticos.
El Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio, tiene el objetivo de establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos, definir las consecuencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, sentar los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de los bienes decomisados; así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano.
