Por Kaming Rosario E.
Santo Domingo RD, –Las instituciones militares y policiales de la República Dominicana desempeñan un papel fundamental en la defensa de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana y la protección de nuestras fronteras. Por eso, cualquier señalamiento que pretenda vincularlas con el tráfico ilegal de armas y municiones hacia Haití debe ser investigado con seriedad, responsabilidad y transparencia, sin condenar de antemano a quienes diariamente cumplen con su deber de servir a la patria.
Es una realidad que el tráfico internacional de armas constituye un problema complejo, con rutas de abastecimiento que involucran distintos países y redes criminales transnacionales.
En consecuencia, no resulta justo ni responsable atribuirle a República Dominicana, y mucho menos a la totalidad de sus Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, una responsabilidad colectiva sin que existan pruebas concluyentes.
Si algún miembro de estas instituciones incurriera en actos de corrupción, deberá responder individualmente ante la justicia, sin que sus acciones puedan utilizarse para desacreditar a miles de hombres y mujeres que visten el uniforme con honor, disciplina y vocación de servicio.
De igual manera, las autoridades dominicanas tienen el deber de investigar todas las posibilidades, incluyendo la eventual utilización del territorio nacional como ruta de tránsito y cualquier intento de manipular evidencias para comprometer la imagen del país.
No se puede afirmar que exista una operación encubierta sin pruebas, pero tampoco deben descartarse hipótesis que puedan esclarecerse mediante una investigación independiente y rigurosa.
Defender a las instituciones militares y policiales no significa encubrir irregularidades, sino exigir que toda acusación se sustente en hechos verificables y que las responsabilidades se establezcan conforme a la ley.
La República Dominicana necesita instituciones fuertes, respetadas y transparentes, capaces de enfrentar el crimen organizado sin permitir que intereses particulares, informaciones sin confirmar o acusaciones generalizadas debiliten la confianza ciudadana.
La soberanía nacional se defiende con vigilancia fronteriza, cooperación internacional, controles efectivos y justicia imparcial, pero también con respeto hacia quienes tienen la responsabilidad de proteger nuestra nación.
Antes de condenar a nuestras instituciones, exijamos pruebas; antes de señalar culpables, reclamemos investigaciones; y ante cualquier irregularidad, defendamos el imperio de la ley. Porque la mejor manera de proteger el uniforme militar y policial es garantizar que la verdad prevalezca y que ningún servidor honesto pague por las faltas que eventualmente cometan otros.
