Dicen juez que se respete debe impartir justicia, y salvaguarda la imagen de del sistema
Tres juristas consideraron hoy que se trata de una persecución política el expediente elaborado por la Procuraduría General de a República contra ex ministro administrativo José Ramon Peralta.
Ybo René Sánchez Díaz, Manuel Sierra y Valentin Medrano Peña sostiene que el caso Calmar tiene tinte político y que el sistema de justicia no se debe prestar a judicializar la política porque se desacredita como tal.
Sánchez Díaz y Sierra sostienen que un juez que se respete debe impartir justicia, y a su vez salvaguarda la imagen de del sistema que actualmente está desacreditado.
“Conforme a lo que nosotros hemos visto en la acusación, no hay forma de que José Ramón Peralta, lo pongan en sede de juicio, porque no hay una sólo prueba que sindique directamente al señor Peralta, es que la prueba tiene que ser vinculante con el hecho que se atribuye, por ejemplo: todos los años el congreso recibía los informes de ingresos y egresos; pero, el ministerio y el gobierno, sen han hecho sus propias “auditorias”, sin escucharlos con el fin de desacreditarlos”.
Mientras que Medrano Peña sostuvo que en un Estado Social, Democrático y de Derecho, no basta con acumular documentos, cajas de estos o parafernalias mediáticas, como hace el Ministerio Público en ese tipo de procesos, para sostener una imputación penal.
De igual forma sostuvo que, la etapa preliminar exige pruebas rigurosas, obtenidas de manera lícita, pertinentes, útiles y directamente vinculantes con los hechos imputados.
“En el proceso penal lo más peligroso no siempre es el delito, sino creer que cualquier prueba basta”, de acuerdo al jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, quien advierte que aceptar documentos sin valor probatorio real coloca al ciudadano en un estado de absoluta indefensión, lo que se puede apreciar claramente en estos procesos abultados de papeles más higiénicos que constitutivos de pruebas.
Dijo que el Ministerio Público ha desplegado una estrategia comunicacional destinada a generar condenas sociales anticipadas mediante la presión mediática, cuando todavía no existen pruebas concretas que acrediten la comisión de ilícitos penales.
Cuestionó que se pretenda sostener un tipo penal tan grave como la estafa al Estado sin que el órgano acusador haya aportado una sola prueba que demuestre, que Peralta, estafó al Estado dominicano.
Indican que a nadie le cabe duda de que el motor del proceso seguido en contra de José Ramon Peralta, es de fabricación interesada.
