VIENA, Austria. – El coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), doctor Manuel Conde, presentó ante las Naciones Unidas la escogencia de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia y la calificó como un hecho histórico que fortalece la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica de la República Dominicana.
Conde hizo la valoración durante una sesión sobre recuperación de activos y cooperación internacional, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Destacó que Montero fue escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura, que encabeza el presidente Luis Abinader.
El jurista señaló que Montero es el primer magistrado proveniente de la carrera judicial en presidir la Suprema Corte de Justicia desde la implementación del actual sistema de selección, en 2001.
Conde presentó la escogencia como la primera de seis buenas prácticas dominicanas en materia de recuperación de activos. Explicó que la independencia de los órganos encargados de investigar y juzgar los casos de corrupción es fundamental para que los procesos puedan traducirse en la recuperación efectiva de los recursos públicos.
En ese contexto, también resaltó la reforma constitucional de 2024, que atribuyó al Consejo Nacional de la Magistratura la designación del procurador general de la República a propuesta del presidente, así como la escogencia de Yeni Berenice Reynoso, proveniente de la carrera del Ministerio Público.
Recuperación del patrimonio público
Al exponer los resultados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, Conde informó que las acciones del Estado como querellante y actor civil han permitido recuperar más de RD$165,000 millones.
Entre las prácticas presentadas, destacó la coordinación entre la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para fortalecer la prevención, investigación y persecución de la corrupción. Señaló que la DIGEIG, dirigida por Milagros Ortiz Bosch, articula el trabajo de 191 comisiones y oficiales de integridad en distintas entidades públicas.
El representante dominicano también expuso los acuerdos de devolución de recursos bajo control judicial, la aplicación de la extinción de dominio y la administración especializada de bienes incautados. Además, se refirió a la actualización de los códigos Penal y Procesal Penal como parte de los esfuerzos para fortalecer las herramientas legales del Estado frente a la corrupción.
Conde señaló que el país todavía enfrenta desafíos para lograr sentencias definitivas, ejecutar esas decisiones y recuperar activos que se encuentran en otras jurisdicciones. En ese sentido, planteó fortalecer la asistencia judicial internacional y los mecanismos para que otros países reconozcan las decisiones dominicanas sobre decomiso, indemnización civil a favor del Estado y extinción de dominio.
Delegación dominicana
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental coordinó la participación dominicana por iniciativa de su titular, Milagros Ortiz Bosch. El Ministerio de Relaciones Exteriores acreditó a la delegación, encabezada por la embajadora Gilka Meléndez e integrada por Manuel Conde y Mario José Gallego Cosme, primer secretario de la Misión Permanente de la República Dominicana en Viena.
Durante su intervención, Conde defendió la recuperación del patrimonio público como una política de Estado y destacó la importancia de que los recursos sustraídos al país vuelvan a ponerse al servicio de la ciudadanía.
