Santo Domingo RD, –Cada poste derribado, cada medidor destruido, cada intervención ilegal en las redes eléctricas no es un simple incidente técnico. Es un atentado directo contra bienes públicos, contra recursos del Estado y contra la estabilidad de un sistema que sostiene la vida económica y social del país.
Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen —y que pocas veces se responde con claridad— es: ¿por qué no se sanciona con mayor severidad a quienes provocan estos daños?
La infraestructura eléctrica no pertenece únicamente a una empresa distribuidora. Representa inversiones millonarias realizadas con recursos públicos, financiamiento estatal y aportes que, directa o indirectamente, provienen de los ciudadanos. Cuando un tercero manipula redes, rompe medidores o impacta un poste por imprudencia, no solo genera un gasto de reposición: provoca pérdidas materiales, costos operativos imprevistos y presiones financieras que terminan ampliando el déficit del sector eléctrico.
A los daños visibles —postes, transformadores, cables, equipos de medición— se suman costos menos evidentes, pero igual de significativos: movilización de brigadas, horas extra, uso de equipos especializados, combustible, interrupciones del servicio y reposición de inventario. Todo esto ocurre mientras la prioridad institucional es restablecer la energía a la comunidad en el menor tiempo posible.
Cuando no hay consecuencias firmes, el mensaje que se envía es peligroso: que atentar contra la infraestructura eléctrica no tiene un costo real para quien lo hace. Pero sí lo tiene. Y lo asume el sistema. Y cuando el sistema asume, el impacto recae sobre el Estado y, en última instancia, sobre la sociedad.
Se hace impostergable revisar y fortalecer el marco legal vigente para que los daños a la infraestructura eléctrica sean tipificados con mayor severidad y proporcionalidad al impacto que generan. No se trata de una falta menor: hablamos de pérdidas económicas para el Estado, interrupciones de un servicio esencial, riesgos para la vida humana y un aumento del déficit financiero que afecta a toda la sociedad. La ley debe establecer sanciones ejemplares, ágiles y efectivas, que incluyan responsabilidades civiles y penales claras, así como mecanismos de recuperación de costos. Del mismo modo, es fundamental que las autoridades civiles y militares actúen.
La mejora del sector eléctrico no depende únicamente de inversiones, modernización tecnológica o reformas administrativas. Requiere también una cuota clara y decidida de responsabilidad ciudadana. Respetar las redes, denunciar intervenciones ilegales, conducir con prudencia, no manipular equipos y comprender que la energía es un servicio esencial son acciones que forman parte del compromiso colectivo con el desarrollo.
No podemos exigir un servicio más estable y eficiente mientras toleramos conductas que lo debilitan. No podemos hablar de sostenibilidad financiera si permitimos que los daños queden impunes. Y no podemos fortalecer el sistema eléctrico si no entendemos que su protección es una responsabilidad compartida.
La infraestructura eléctrica es patrimonio nacional. Cuidarla no es solo una obligación legal; es un deber ético. Porque cada acción irresponsable que la afecta no golpea a una institución: golpea al país.
