SANTO DOMINGO RD,>El Partido Reformista Social Cristiano se reunió este miércoles donde planearon que es momento de iniciar una discusión franca que tenga como objetivo enmendar errores y distorsiones de reformas constitucionales anteriores, como lo acontecido en el Pacto de las “Corbatas Azules”.
«Entendemos que la Nación dominicana debe abocarse de inmediato o a partir de la próxima legislaturamreformar la Constitución dando garantías al pueblo de que tendrá más poderes y controles hacia el futuro de la democracia y mayor solidez institucional, blindando la misma, para eliminar las vulnerabilidades que presenta en la actualidad», dijeron.
Durante un encuentro, encabezado por el presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, propusieron que dicha reforma incluya los siguientes puntos:
- Unificar las elecciones municipales y congresuales el tercer domingo de mayo, cada cuatro años, con el objetivo de restablecer la simultaneidad de los períodos constitucionales y reducir los altos costos de las campañas, ya que el país no resiste los gastos que representan hacer primarias o convenciones en octubre, realizar unas elecciones generales municipales en febrero, otras elecciones generales presidenciales y congresuales en mayo; y la posibilidad de una cuarta ronda electoral en junio, si se produjera una segunda vuelta electoral. El costo estimado de unas elecciones generales municipales separadas ronda los 5 mil millones de pesos, dinero que el país pudiera utilizar para resolver muchos problemas en las comunidades. Además, el propio Tribunal Superior Electoral ha dicho en varias ocasiones, que no tendría tiempo material para dirimir las litis contenciosas que se generarían en los 158 municipios y 235 distritos municipales con más de 3,800 cargos a elegir, agravado con el estreno del voto preferencial para regidores y vocales.
- Agregar un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el arrastre entre diputados y senadores, como lo establece la Ley 15-19, y así dejar constitucionalizado el tema para evitar las confusiones surgidas sobre el particular.
- Volver al diseño original del Consejo Nacional de la Magistratura tal y como lo pactaron Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, en el Pacto por la Democracia de 1994, excluyendo al Procurador General de la República.
- Darle más oportunidad a la juventud, disminuyendo a la mayoría de edad, o sea de 25 a 18 años, la edad mínima para accesar a los cargos de senadores y diputados.
- Despolitizar el Poder Judicial, estableciendo que las personas designadas en las Altas Cortes, y en todo el sistema judicial, deben tener un mínimo de diez años de no militancia partidaria.
- Disponer que los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales, no puedan ocupar la misma posición por más de dos períodos consecutivos, a fin de facilitar la alternabilidad y renovación generacional en el ejercicio de puestos de elección popular.
- Mantener el modelo norteamericano para la elección del presidente y vicepresidente de la República, teniendo la posibilidad de dos períodos y nunca jamás y establecer los candados necesarios para evitar que se realicen nuevas reformas sobre el sistema presidencial. Entre esos candidatos proponemos aumentar la mayoría calificada para poder modificar la Constitución y agregar al artículo 272 la reelección presidencial, para así igualar ese tema a otros como los derechos fundamentales, que requieren la aprobación de un referendo aprobatorio para poder ser modificado.
- Colocar un “tope constitucional al endeudamiento” para fijar un riguroso límite al endeudamiento público interno y externo, a los fines de que con el acelerado ritmo de préstamos que lleva el país, la Nación no pueda quedar en un estado de indefensión financiera.
- Para combatir la corrupción e impunidad de manera efectiva, es necesario que haya un sistema de investigación imparcial, independiente y sin miramientos políticos. En tal sentido, el Procurador General de la República y el Contralor General de la República, no deben ser de libre designación del Poder Ejecutivo, sino designados por otro órgano constitucional por un período de cuatro años, no coincidente con el del Presidente de la República.
- Eliminar la posibilidad de reelección de los jueces e integrantes de la Suprema Corte de Justicia, estableciendo un período único de diez años.
- Habilitación futura a partir del 2024, del actual Presidente de la República.
