Entre 2019 y 2024, el Seguro Nacional de Salud (SENASA) pasó de cubrir 4.9 millones de personas a más de 10.3 millones.
Esta duplicación no fue fruto del azar ni de campañas publicitarias; fue el resultado de una visión de gobierno que entiende que la salud no es un lujo, ni una mercancía, sino un derecho fundamental.
Ese crecimiento —más del 110% en apenas cinco años— se dio principalmente en el régimen subsidiado, que hoy alcanza más de 8 millones de personas. Es decir, dominicanos y dominicanas que no cotizan en el sistema formal de seguridad social, pero que gracias a SENASA, acceden a cobertura médica digna, incluyendo hospitalizaciones, tratamientos de alto costo y medicamentos.
La magnitud de esta expansión es tal, que más del 76% de todos los afiliados al sistema dominicano de salud están ahora en SENASA. Y esto no es casualidad: la administración pública actual ha apostado a consolidar esta institución como el brazo social del Estado en materia de salud, tal como lo ha hecho con otras áreas claves como el Metro de Santo Domingo, la OMSA, los Comedores Económicos y el Programa Supérate.
Pero hay un aspecto que conviene dejar claro: SENASA no opera como una empresa privada, ni debe hacerlo. No busca ganancias. No compite por dividendos. No rinde cuentas a accionistas. Su misión es garantizar cobertura sanitaria a quienes más la necesitan, incluso si eso no genera beneficios financieros.
Y justamente por eso, como toda política social transformadora, SENASA requiere una importante inyección de recursos públicos.
Del mismo modo en que el Metro necesita subsidios para ofrecer transporte masivo y económico; del mismo modo en que los Comedores Económicos no cobran el verdadero costo de cada plato servido; SENASA necesita que el Estado la fortalezca con fondos suficientes para que siga cumpliendo su función.
Pretender lo contrario sería condenarla al colapso o, peor aún, abrir las puertas a su privatización encubierta.
Y es aquí donde debemos ser categóricos: privatizar SENASA, o debilitarlo con recortes presupuestarios, sería una traición a millones de dominicanos.
Convertirlo en una ARS más del mercado —como algunos sectores han llegado a sugerir— implicaría renunciar a su esencia y poner en riesgo los logros alcanzados en equidad sanitaria.
Desde 2020, bajo la gestión del doctor Santiago Hazim y el respaldo firme del presidente Luis Abinader, SENASA ha ampliado su cobertura hacia grupos tradicionalmente excluidos: trabajadores informales, personas con discapacidad, artistas, profesionales independientes, dominicanos residentes en el exterior e incluso familias enteras que hasta hace poco vivían al margen del sistema.
Esas decisiones no se tomaron por cálculo electoral, ni por conveniencia política. Se tomaron porque se entendió que la salud universal no puede depender de la capacidad de pago de cada ciudadano. Esa es la diferencia entre una política pública y un negocio. Y esa es la razón por la cual SENASA debe seguir siendo pública, gratuita para los más vulnerables, y sólida en su sostenibilidad financiera.
La salud de un pueblo no puede depender de balances contables. SENASA no necesita rendirle cuentas a los mercados, sino a la gente. A quienes hoy pueden atenderse sin miedo a una factura impagable. A quienes ya no tienen que elegir entre comprar medicamentos o comer.
Defender a SENASA como política pública no es un acto partidario. Es un acto de conciencia. Es defender el principio de que en una sociedad verdaderamente justa, la salud no puede ser una mercancía.
