Santo Domingo RD,> El juez presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), magistrado Román Jáquez Liranzo, anunció que esa alta corte someterá en las próximas semanas al Congreso Nacional, un anteproyecto de ley para modificar su propia ley orgánica número 29-11.
Dicha ley ordena que “se le otorguen, de manera expresa, las competencias para conocer las impugnaciones y amparos con relación a todos los actos, resoluciones y reglamentos emitidos por la Junta Central Electoral (JCE), sobre el proceso electoral, ya que estas deben formar parte de sus atribuciones jurisdiccionales por ser el órgano contencioso de un sistema electoral desconcentrado, autónomo, permanente y especializado”.
El magistrado Jáquez Liranzo ofreció sus declaraciones como parte de la conferencia “los Modelos de Justicia de Justicia Electoral Europeo y Latinoamericano: Un análisis de sus diferencias”, que tuvo a bien dictar en al acto solemne de lanzamiento público de la recientemente constituida Academia Dominicana de Estudios Políticos y Electorales (ADEPE).
Expresó, además, que “el Tribunal Constitucional, sabiamente, no ha establecido una incompetencia insubsanable o irreversible, toda vez que ha fundamentado las decisiones en que la jurisdicción electoral no puede ser competente amparado en que no existe una norma que expresamente establezca tales competencias”.
En ese sentido, hizo un llamado a fin de “que el Poder Legislativo, el poder político y toda la sociedad dominicana reflexionen, a la hora de valorar nuestra propuesta, sobre la improcedencia del Tribunal Superior Administrativo en conocer estos asuntos”.
“No hay jurisdicción que tenga plazos más sensibles y fatales para la institucionalidad democrática del país que los plazos establecidos en materia electoral”, continuó diciendo el juez presidente.
Así mismo, concluyó el Magistrado Jáquez Liranzo, que “como colofón a este análisis, el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), relativo a las elecciones generales de nuestro país de 2016, en el aspecto de la Justicia Electoral, el mismo concluyó que en el proceso eleccionario se hizo evidente que es necesario revisar y ajustar el modelo de medios de impugnación con el que se cuenta, donde el Tribunal Superior Electoral detente la posibilidad, no solo jurídica, sino también real, de revisar la regularidad legal y constitucional de todos los actos administrativos que emita, cualquier autoridad en materia electoral.
