Santo Domingo RD,>En atención al pedimento del Ministerio Público, la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decretó el abandono de la defensa del sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, imputado por corrupción en el Caso Coral, y aplazó la audiencia para el próximo 29 de noviembre, día en que deberá presentarse con un representante legal o ser asistido por la Defensoría Pública.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó como incomprensible y reprochable la actitud procesal de la defensa del imputado, ya que son quienes presentaron un recurso sin asistir al tribunal a defender su postura.
“Por eso, nosotros, en el día de hoy hemos solicitado al tribunal que decrete el abandono de esa defensa para que esta persona sea asistida por otro defensor de su elección o por la Defensa Pública y el tribunal ha acogido el pedimento del Ministerio Público y ha decretado el abandono de la defensa”, dijo Camacho.
“Él puede contratar un abogado o lo asistirá la Defensa Pública”, agregó.
Atendiendo la petición, los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez García y Carmen Mancebo, aplazaron para el próximo lunes 29 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento del recurso, ante la ausencia por segunda vez del abogado José Francisco Aquino.
El tribunal recordó que el pasado lunes el abogado presentó un parte médico en el que indicaba que debía someterse a una prueba para la detección de la COVID-19, por lo que decidió suspender la audiencia ante sus alegatos de sospecha de estar afectado por el virus.
Pero este miércoles el abogado presentó otros documentos de la misma entidad que emitió la anterior, con un parte médico que establece que debe guardar distanciamiento por diez días ante una sospecha de COVID-19, basado en una prueba rápida que se realizó en el día de hoy, pese a que se le habían otorgado dos días para realizarse el estudio correspondiente.
En mayo pasado el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del sargento Montero Cruz, así como del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez, así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, y el coronel policial Rafael Núñez de Aza.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Posteriormente, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó a todos la medida de coerción, que ahora fue apelada por el imputado Montero Cruz.
El Ministerio Público destacó que tras acoger de nuevo su solicitud, el pasado viernes durante la revisión obligatoria el juzgado le confirmó por segunda vez la coerción a los demás imputados, excepto a Montero Cruz, a quien no le fue revisada la medida por tener pendiente el conocimiento del recurso de apelación.
El órgano de justicia destacó que desde que le fue impuesta la medida en mayo pasado, los imputados han intentado en diferentes instancias obtener la libertad, sin que hayan logrado su objetivo.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público llevan a cabo la investigación y litigación del caso.
El entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
