Santo Domingo RD,>El dirigente político, Guido Gómez Mazara, depositó por ante el despacho del Consultor Jurídico de la Presidencia y la unidad que coordina mediante el decreto 22-21 la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado, una relación de transacciones inmobiliarias realizadas por ex funcionarios durante la pasada administración del PLD que efectivamente caen en el marco de ser transparentadas, y de encontrar indicios de ilegalidad, ser devueltas al patrimonio estatal.
De acuerdo con una nota de prensa, Mazara suministró a la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado, el apartamento ubicado en el 12E de 135W 52St en Manhattan, NY adquirido por la sociedad Baker Street Financial, INC rastreado y documentado vía el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la casa registrada en el Residencial Don Bartólo, calle Chefito Batista, provincia La Vega, 4 solares y su respectiva edificación en el Residencial Colinas del Oeste, la compra del local de la Embajada Dominicana en ciudad Panamá, ubicada en la calle 50 con calle 56/ edificio F/F (El Tornillo) piso 26, C/D Marbella y la adquisición del inmueble y solar establecido en la calle Bau #4, del Sector Los Cacicazgos, Santo Domingo.
Estableció que las operaciones inmobiliarias descritas y sometidas oficialmente a la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado están asociadas con los señores Andrés Dauhajre, el ex director de Edenorte Julio César Correa, Mayor General Adán Cáceres, la gestión de Miguel Vargas Maldonado y el ex asistente especial de Danilo Medina, Robert de la Cruz.
Para el abogado y profesor universitario el decreto respecto de facultar a una Comisión, coordinada por el doctor Jorge Luis Polanco y un equipo de profesionales en detectar operaciones irregulares, constituye un aliento ético y representa una contribución importante al proceso de adecentamiento de la vida pública, históricamente relegado bajo el maligno hábito de que las designaciones en el tren oficial constituyen la oportunidad de oro para acumular dinero público, sin las sanciones de lugar.
Señaló que las operaciones señaladas por él a la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos pueden ser detectadas con bastante facilidad y los rastros conducen al establecimiento de responsabilidades respecto de sus autores, compañías e ingresos formales que, en un altísimo porcentaje, los salarios formales de los ex funcionarios no pueden justificar las adquisiciones inmobiliarias, de ahí la necesidad de proceder legalmente previo una rigurosa investigación. Finalmente, reiteró que no tiene ningún interés en que su iniciativa caiga en los ámbitos de la Ley 302-64 sobre Honorarios de Abogados sino que parten del firme convencimiento de que los ciudadanos tenemos que contribuir con el adecentamiento de la vida nacional y reconstrucción de la credibilidad de un sistema político que no genera consecuencias penales a los que transforman dinero público en patrimonio privado.
