EL MOVIMIENTO PATRIOTICO Y NACIONALISTA DOMINICANO EXIGE RESPONSABILIDAD PATRIOTICA Y DE ESTADO ANTE LA PRESENTE CRISIS

ANTE LA PRESENTE CRISIS ENTRE REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI

DEMANDAMOS DEL GOBIERNO, DEL LIDERATO POLITICO, EMPRESARIAL, SOCIAL Y CIUDADANO DEL PAIS, ASUMIR RESPONSABILIDAD PATRIOTICA Y DE ESTADO ANTE LA PRESENTE CRISIS.

SE IMPONE CAMBIAR LA LOGICA DE LAS RELACIONES CON HAITI EN LAS CUALES SE HA QUEBRADO EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD.

LA PRIMERA SOLUCION AL PROBLEMA HAITIANO EN RD ES INTERNA, ES DOMINICANA.

La obra de desvío de las aguas del Rio Masacre se inicio desde finales del año 2020, durante el gobierno del presidente haitiano Jovenel Moise, y fue suspendida brevemente por su violento asesinato.

El gobierno dominicano tenía entonces conocimiento de tales planes, porque los haitianos actuaban públicamente y a plena luz de día. Y se supone que el gobierno dominicano tiene una permanente vigilancia terrestre, marítima, aérea, diplomática y de inteligencia, sobre nuestro territorio y de manera especial en nuestras relaciones con Haití, por las implicaciones que tiene de seguridad nacional.

Los ciudadanos dominicanos, y el movimiento patriótico y nacionalista ante la evidente indiferencia del gobierno, de nuestros poderes públicos, con muy escasas excepciones, del Congreso y de nuestras Fuerzas Armadas, salimos y marchamos hasta la saciedad en Dajabon, y clamando ante las autoridades nacionales, por una intervención gubernamental que nunca ocurrió. Nuestras denuncias se han mantenido activas desde entonces.
El gobierno dominicano, nuestros poderes públicos, y los dirigentes que se reparten el Estado, han perdido el control eficiente de nuestras relaciones con Haiti, tanto en el presente como en los últimos 3 gobiernos anteriores, lo cual ha generado esta seria crisis provocada y alimentada por los sectores que gobiernan ese país: grupos de inteligencia extranjera, Ongs al servicio de intereses y potencias extranjeras, las bandas y pandillas violentas y criminales subisidadas por grupos económicos, y un gobierno mediatizado que carece de un efectivo control territorial e institucional de su país.

Ante esta realidad, se impone imperativamente el mandato de nuestra Constitución, el único instrumento que garantiza la legitimidad del gobierno y de nuestro sistema político, y que todos los dominicanos, indistintamente, estamos obligados a someternos a ella, para preservar nuestra convivencia democrática y asegurar el control de las potestades soberanas de la Republica, de la nación y del territorio.

Es un hecho incuestionable e irrenunciable, el derecho de los dominicanos a protegernos y defendernos de la violencia y el caos que prevalece en Haití y que nos impacta directamente en todas las actividades de nuestra vida cotidiana, y que afecta, no solo nuestra supervivencia y avance social, bajo las limitaciones de nuestro precario y desigual desarrollo, sino además que afecta nuestra seguridad y vida pacifica y ordenada, que cada día se ve sacudida por crecientes manifestaciones del caos, el desorden en calles y ciudades, la violencia irracional, el irrespeto de las normas públicas, y la cultura de la “tierra arrasada”.

La principal responsabilidad del gobierno y los poderes públicos dominicanos es proteger y defender a los dominicanos, nuestras familias y bienes, nuestro sistema de vida colectiva, y garantizar el pleno dominio y control territorial de nuestros límites fronterizos.

Aquí no solo se trata de la actual crisis, en ascenso y desarrollo, del Rio Masacre, sino de problemas que han agravando cada día más las condiciones de vida de los dominicanos, y las relaciones entre haitianos y dominicanos.

Cada dia nos vemos sacudidos por nuevos hechos y cada vez más sangrientos de masacres, asesinatos gratuitos, agresiones implacables contra dominicanos humildes y contra familias completas dominicanas, de parte de haitianos ilegales, que incursionan y viven en nuestro país sin control alguno. Hemos retornado hasta el agravamiento de robo de ganados y bienes que mantienen un acoso y zozobra permanente contra nuestras familias fronterizas.

Y cada dia vemos como porciones de nuestro territorio son ocupadas masivamente por grupos haitianos sin control alguno generando colonias y asentamientos humanos donde trasladan las condiciones de vida, de cultura, y las mismas practicas violentas, de convivencia, caos, de enfrentamientos que practican en Haití.

No es verdad que son 476 asentamientos ilegales haitianos en Republica Dominicana, hoy superan mas de 3,500 y siguen aumentando cada dia.

Y cada día los dominicanos nos vemos obligados a ceder nuestros derechos, nuestras escasas conquistas sociales, derechos y servicios ante la apabullante imposición haitiana en nuestro propio territorio, en nuestros hospitales, escuelas, servicios públicos, y hasta cederles nuestras calles y espacios públicos, sin que el gobierno ni las autoridades responsables cumplan siquiera mínimamente con las leyes que ellos mismos están obligadas a imponer.

Mientras todo esto está ocurriendo, provocando un evidente retroceso en la vida de los dominicanos, en el país se ha erigido un discurso auspiciado por personeros instalados en el mismo gobierno, en centros e instituciones públicas sostenidos por el dinero publico dominicano, dedicados a ejercer y defender una permanente agenda haitiana en el país, como si para los dominicanos defender nuestros intereses fuera ilegitimo o pecaminoso.

Esos personeros y grupos están dedicados a bloquear y a desarmar toda política pública orientada a la preservación de la dominicanidad, la vigencia de nuestra Constitución y a cuestionar la existencia misma del Estado dominicano, y hasta el hecho histórico de que los dominicanos estemos aquí y existamos como tales ocupando este territorio. ¡Hasta ahí se está llegando en este imparable retroceso!

Ante el avance y la imposición haitiana, en todos los órdenes de la vida nacional permitida por las autoridades dominicanas, es inminente adoptar medidas que superen la actual política inexistente, débil e ineficaz, y enfrentar de manera coherente estos problemas que constituyen una peor amenaza que esa actual crisis coyuntural Y es de esto que se trata, y a lo que el gobierno tiene que dar respuesta responsable a nosotros el pueblo que somos los que constituimos este país, y lo hemos forjado con nuestras luchas, sacrificios y esfuerzos.

Los problemas derivados del manejo errático, absurdo, de sus propias políticas, pasadas y presentes.

El Movimiento Patriótico y Nacionalista, tiene la autoridad moral, legal y política, para exponer y exigir al gobierno y al congreso, a la clase dirigente del país que se adopten las medidas más pertinentes ante esta crisis, con sentido y espíritu de unidad y responsabilidad, siempre conforme a nuestra Constitución:

1. Estamos totalmente de acuerdo con el blindaje fronterizo integral y eficiente, hasta tanto existan las condiciones de seguridad esenciales que garanticen la seguridad nacional y la protección de nuestros derechos territoriales, hídricos y ambientales.

2. Reclamamos que todos los haitianos que deseen salir del país, deben recibir todas las facilidades, apoyos, y asistencias para retornar a su país con la debida protección y seguridad por parte de las autoridades del Estado y de la Frontera, y que sean utilizadas las instituciones oficiales en apoyo de este proceso: Cesfront, Dirección de Fronteras, Migración, y otros.

3. El gobierno tiene de inmediato que iniciar un plan agresivo para que el Estado asuma la protección de nuestros pequeños y medianos mercaderes y comerciantes, adquiriendo sus productos perecederos, para abastecer el mercado local.

4. Es urgente el despliegue de una eficiente labor de inteligencia en todo el país para identificar y reducir, a miembros de las violentas bandas criminales haitianas que están ocultos en el país.

5. Es urgente que a la par que nuestras fuerzas militares sean dotadas y apoyadas para la realización de su trabajo con integridad y autoridad, se apliquen medidas de inteligencia para detectar la corrupción oficial y particular en el tráfico de personas, drogas y armas.

6. La política de “RECIPROCIDAD” diplomática que solo practica el gobierno dominicano con Haiti tiene que cesar de inmediato hasta tanto los haitianos demuestren de manera verificable un cambio de actitud en sus prácticas de incumplimiento con sus compromisos internacionales con Republica Dominicana.

7. Los servicios sociales, educación, salud pública no pueden seguir al servicio de los haitianos, mientras se está perjudicando a los dominicanos, tanto en el acceso como en los recursos que cada vez son menos para los dominicanos.

8. La Procuraduría General de la Republica tiene que abrir una investigación inmediata sobre el activismo ilegal de grupos haitianos que desarrollan actividades ilegales en el país, en franca violación de nuestras leyes penales e inmobiliarias, y activar las acciones bajo el decreto 688-22, emitido por el presidente Abinader, y hoy paralizado.

9. La revisión inmediata de mecanismos como el PERMISO LABORAL DE TRABAJO, que se ha viciado totalmente tiene que ser revisado y el Ministro de Trabajo es responsable de ello. Las condiciones actuales exigen que ese Ministro inicie un plan de acción para que cese la violación constitucional del Principio de la nacionalidad del trabajo (80/20)

10. El Plan de Regularización tiene que ser auditado, económica y legalmente. Lo venimos pidiendo desde sus inicios.

SE IMPONE LA INTERPELACION Y JUICIO POLITICO AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES ROBERTO ALVAREZ, y EL CESE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

La mayoría de los dominicanos no aprueba la gestión del Sr. Roberto Alvarez al frente de nuestra política diplomática, que consideramos ineficiente, ineficaz, ambigua, débil, timorata y reactiva, totalmente por debajo de las necesidades que requerimos para el manejo de nuestras relaciones con Haití.

Nuestra Cancillería no ha sabido defender con integridad, con arrojo, previsión, y sentido patriótico los intereses nacionales vitales y ha venido actuando a la zaga de los acontecimientos.

El manejo de los asuntos haitianos, tanto en el país como en el exterior del Canciller Alvarez, revelan inconsistencias, y violaciones de sus roles y competencias en defensa de la soberanía y los intereses nacionales y por tanto debe ser interpelado al tenor de lo que dispone la constitución de la Republica, y llamamos al Congreso, Cámara de Diputados, y Senado, cuyo silencio y ausentismo ha sido notable en esta crisis, y frente al problema haitiano en el país, a iniciar el procedimiento de conformación de las comisiones responsables del proceso.

Especialmente el manejo ambiguo y contrario a las previsiones de reciprocidad que no practican los haitianos, revela que el Canciller Alvarez no puede seguir al frente de la diplomacia dominicana.

La Cancillería es responsable de diversas políticas, medidas y propuestas que mediatizan los intereses nacionales soberanos dominicanos, y evidentemente privilegian a los haitianos.

La Cancilleria es la responsable del manejo de la reunión en enero del año 2021, de nuestro presidente Abinader con el entonces presidente Moses, y de la emisión de una “Declaración Conjunta” donde “reafirmaron el compromiso de cooperación y de respeto a la soberanía entre las dos naciones”.

En dicha declaración publicada por la Cancillería Dominicana, se expresó una manifestación de voluntad común alrededor de varios temas de Estado, intercambio en el periodo de pandemia, trabajar en el proceso de identificación y registro en Haití de sus ciudadanos que están en territorio dominicano, cooperar para gestionar construcción de hospitales en Haití, delimitación de la frontera marítima, eliminar robo de ganado, trata de personas, flujo de armas, y migración irregular, cooperación para detener la desertificación, frenar el contrabando, trabajar para una matriz de interconexión energética, entre otros asuntos de interés común.

Sin embargo, en abril del 2021, y muy a pesar de que el gobierno dominicano ya tenía pleno conocimiento de esta grosera violación, es cuando oficialmente admite que ya sabía de la construcción de un canal en el Rio Dajabon o Masacre, y “emiten una nota diplomática” exigiendo al gobierno haitiano “detener de manera inmediata cualquier trabajo u obra que pudiera afectar el cauce del Masacre” basado en el artículo 10 del Tratado de Paz, y Amistad Perpetua y Arbitraje del 1929 entre ambos países, y entonces se acordó “CONVOCAR UNA REUNION TECNICA DE LA COMISION MIXTA BILATERAL DOMINICO-HAITIANA” que se llevó a cabo el 27 de mayo del 2021.

Lo que queremos establecer es que la política complaciente del Canciller Alvarez, favorece a los haitianos y perjudica a los dominicanos y nuestros intereses. Y están retenidas las causales para llevar al canciller ante las barras del Congreso, y que este poder del Estado demuestre su capacidad fiscalizadora y su genuino interés en los asuntos nacionales.

VICTORIA PATRIOTICA​​​MOVIMIENTO DUARTIANOS UNIDOS
UNION PATRIOTICA REPUBLICANA​​ACCION PATRIOTICA NACIONALISTA

Tels. 829.877.9015