Santo Domingo RD,>El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, pidió este miércoles a la Cámara de Diputados abrir una investigación a fin de determinar si la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que anuló la asamblea del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), viola el orden Institucional y desconoce una decisión emitida por el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias son irrevocables.
Pared Pérez afirmó que “hay un hecho grave que se ha cometido y denunciado, e insto a la Cámara de Diputados, a que procedan a investigar si se ha producido una violación a la Constitución, porque si fuere así, los órganos legislativos del Estado deben actuar de inmediato, porque en diez años que tiene el Tribunal Constitucional ningún órgano del Estado se había atrevido a contradecir o cuestionar lo establecido por el Tribunal Constitucional, y para nosotros es una gravedad tal ese atropello a la institucionalidad del país, que amerita el Congreso Nacional actúe en consecuencia”.
El presidente del Senado hizo la solicitud en virtud de lo que establece el artículo 83 de la Constitución, que otorga atribuciones de la Cámara de Diputados, para acusar ante el Senado a los funcionarios públicos y miembros de la judicatura, que comentan las faltas pasibles de ese sometimiento.
Pared Pérez, quien aclaró que la investigación debe ser contra los tres magistrados que votaron a favor de esa decisión, recordó que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los demás poderes públicos y todos los órganos del Estado.
Aclaró que su posición no significa ni puede interpretarse como “una intromisión en asuntos de otro partido político”, sino que en este caso por lo que aboga es por el respeto a la institucionalidad de los poderes del Estado y el respeto a la Constitución.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) consideró que la sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que anula nueva vez su convención del 2017, constituye una nueva y grave vulneración del ordenamiento jurídico-constitucional dominicano.
Esta sentencia contó con el voto favorable del presidente del TSE, Román Jáquez, Rafaelina Peralta Arias y Santiago Sosa, mientras que los magistrados Ramón Arístides Madera y Cristhian Perdomo presentaron votos disidentes.